Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha buscado el "máximo consenso".

De la Vega afirmó que esta herramienta nace a pesar de que el sistema bancario español ha demostrado "tener una sobrada solvencia". "Pero en la actual coyuntura algunas entidades podrían tener problemas", añadió.

El objetivo, según explicó, será doble. Por un lado, tratar de que ninguna entidad financiera tenga problemas y, en segundo lugar, trabajar por la normalización del crédito.

La vicepresidenta primera dijo que esta medida pretende generar confianza a los mercados mediante el reforzamiento de los fondos propios de las entidades.

En cuanto a la financiación de este fondo, la aportación inicial serán 9.000 millones de euros que podrán ir ampliándose en función de las necesidades, hasta más de 90.000 millones.

Este dinero partirá de recursos públicos vía Presupuestos Generales del Estado y no será necesario solicitar un crédito extraordinario para hacer frente a estos pagos. Además, parte de este dinero procederá del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) no utilizado.

En concreto, 2.250 millones serán aportados por los Fondos de Garantías de Depósitos y el resto procederá de los remanentes del FAAF.

COSTE FISCAL

Por su parte, la ministra de Economía y Hacienda apuntó que la puesta en marcha de este instrumento no tendrá coste alguno para los ciudadanos. "No hay previsto un gasto para el contribuyente", aseveró.

En este sentido, insistió en que las medidas adoptadas no serán generadoras de déficit ni de gasto, porque se trata de avales y compra de activos que, pasado el tiempo, son recuperados en forma de dinero.

Según Salgado, el importe máximo previsto por el Gobierno para este fondo para el presente ejercicio serán 27.000 millones de euros, aunque añadió "que no es que se vaya a necesitar esta cantidad".

Respecto al tiempo que puede durar el proceso de reestructuración financiera en España, la titular de Economía y Hacienda manifestó que "puede durar varios años". "Lo importante es dar garantías por si hay que llevar a cabo procesos de reestructuración", apostilló.

A pesar de que el Gobierno haya tenido que recurrir a esta medida, Salgado quiso dejar claro que "nuestro sistema financiero está aguantando la crisis financiera internacional mejor que otros países". "Tenemos entidades fuertes, solventes y un sistema financiero muy saneado", añadió.

La ministra afirmó que se ha trabajado con los grupos parlamentarios y que ha habido encuentros con las patronales de bancos (AEB) y cajas (CECA) y confió en contar "con un amplísimo consenso".

VETO AUTONÓMICO

Uno de los principales escollos para la creación de este fondo ha sido el papel de las comunidades autónomas en los procesos de fusión de cajas de ahorros. Hasta ahora, las comunidades podían vetar las operaciones.

Así, la ministra de Economía y Hacienda afirmó que "el papel de las comunidades autónomas es el que en este momento tienen con respecto a las cajas".

En este sentido, Salgado aseguró que el Gobierno no tiene pensado modificar la Ley de Cajas en relación al proceso de reestructuración del sector financiero. De este modo, no ha prosperado la petición de eliminar el veto autonómico para permitir fusiones entre cajas de distintas comunidades autónomas.

FASES DE LA REESTRUCTURACIÓN

El Gobierno contempla tres fases a seguir en los procesos de reestructuración de entidades financieras. En primer lugar, la búsqueda de una solución privada por parte de las entidades, para lo cual no tendrá que actuar el presente el Real Decreto Ley.

En segundo lugar, se adoptarán las medidas necesarias para afrontar debilidades que pudieran afectar a la viabilidad de las entidades de crédito con participación de los Fondos de Garantía de Depósitos. Y, finalmente, la tercera solución será de la que es objeto la presente medida, que es la reestructuración con la intervención del Frob.

Cuando existan debilidades en la situación económico-financiera de una entidad que pudieran poner en riesgo su viabilidad y determinaran la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración, la entidad deberá presentar, en el plazo de un mes, un plan de viabilidad para superar la situación.

El plan tendrá que ser aprobado por el Banco de España. Contemplará tres posibles actuaciones: reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusión o absorción, o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo.

El Frob podrá otorgar financiación, en condiciones de mercado, a los Fondos de Garantía de Depósitos, ya sea en establecimientos bancarios, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, a fin de que puedan acometer las funciones de apoyo financiero a los planes de actuación de las entidades de crédito.

El Banco de España solicitará informe a Economía en el caso de los bancos o a los órganos competentes de las comunidades autónomas en el caso de las cajas que deberán ser remitidos en el plazo de diez días.

Si persistiera la situación de debilidad se iniciaría la fase de intervención con la utilización del Frob. En este caso se produciría la sustitución de administradores de la entidad, y se constituirá en administrador el Frob.

Finalmente, el Frob se regirá por una Comisión Rectora compuesta por ocho miembros, cinco a propuesta del Banco de España (uno de ellos es el subgobernador, que la preside) y los tres restantes, de cada uno de los Fondos de Garantía de Depósitos. Serán nombrados por la ministra de Economía y Hacienda, con un mandato de cuatro años renovable.

Además, para reforzar el control parlamentario del Frob, el secretario de Estado de Economía comparecerá cada trimestre en sede parlamentaria en un plazo máximo de treinta días desde que ésta se realice.