Las "otras" empresas del INI, las que dependían de él directamente y no pasaron a Teneo en su día por sus dificultades estructurales y financieras, y la dependencia de las inyecciones de los presupuestos estatales, quedarán en una Agencia Industrial del Estado, descargada de endeudamiento, pero si capacidad para volver a asumirlo.

Entre los efectos del llamado "Plan Eguiagaray", está que el grupo resultante será el mayor conglomerado empresarial de España, con un activo de 4,7 billones de pesetas, unos recursos propios de 1,4 billones, unos ingresos operativos de 3,6 billones, unos recursos generados anuales de 595.000 millones, unas inversiones anuales de casi 630.000 millones, y lo más importante, con unos beneficios consolidados de 127.000 millones, según los balances de 1994.

Sin embago, éste es sólo un efecto contable, ya que las arcas del Estado percibieron igualmente por separado estos ingresos. Lo que más ha movido al equipo del Ministerio de Industria a realizar esta reorganización de sus participaciones industriales es el impacto que tendrá sobre el déficit público a largo plazo, ya que SEPI asumirá la deuda histórica del INI, 700.000 millones de pesetas.

El plan compromete también el destino de los dividendos de SEPI por sus participaciones en Teneo (100%) y Repsol (21%), ala amortización de la deuda del INI que asume. Los objetivos de Eguiagaray son que entre 1996 y 1999 los 700.000 millones se reduzcan en 340.000.

Pero para ello será necesario también renegociar las condidiciones de dicha deuda y vender activos, como podría ocurrir con la actual sede del INI en Madrid, además de participaciones en la cabeceras de ambos grupos o en sus sociedades participadas.

Las previsiones del responsable de Industria son que las aportaciones presupuestrarias entre 1996 y 1998las empresas públicas se reduzcan, con la nueva estructura, de 519.000 a 366.000 millones de pesetas, lo que conlleva, si es que se cumple, un ahorro en este período de 153.000 millones.

También se obtendrán ingresos extraordinarios con la medida. Los derivados de la aplicación legal de beneficios fiscales por el adelanto y aumento del pago de impuestos, que supondrán del orden de los 38.000 millones de pesetas en el conjunto del periodo.