Según el Ejecutivo, la necesidad de añadir nuevos efectivos a la carrera fiscal responde al aumento de cometidos que esta institución debe atender, en virtud de las últimas reformas legislativas para la protección a las víctimas de malos tratos y de competencia de los jueces de lo Penal, así como de la modificación de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Otro factor que se ha tenido en cuenta es el aumento de procedimienos en determinadas Fiscalías, en particular en las Fiscalías Especiales para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y para la persecución de los delitos económicos relacionados con la corrupción.