Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Camps presentó el informe remitido por el Gobierno a Bruselas sobre el futuro del sistema de pensiones, en el que se incide en que el proceso de ampliación del periodo de cálculo "aún no ha terminado" y "se constata la necesidad de que las pensiones presenten una relación cada vez mayor" con lo aportado por el trabajador a lo largo de su vida activa.

En dich informe se señala, además, que las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo dictaminarán, "previsiblemente, una ampliación del periodo a considerar para la determinación de la base de cálculo de la pensión", fijada actualmente en 15 años.

Desde el PSOE, la diputada Isabel López i Chamosa criticó que el Gobierno ya dé prácticamente por cerradas lo que deben ser las recomendaciones que deberían pactar todos los grupos políticos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo.

Sobre la intención de Ejecutivo, López i Chamosa aseguró que los jubilados "podrían perder hasta el 20% de su pensión". Camps tildó de "arriesgada" y "falta de rigor" esa previsión, ya que, dependiendo del sistema que se decida, "podrá haber, o no, merma" de la prestación. "Cuando decidamos el sistema veremos si hay o no perjuicios", añadió.

1.150 MILLONES PARA LAS VIUDAS

Durante su comparecencia, Camps también anunció que la subida de las pensiones de viudedad que el Gobierno viene aplicando desde principios de este añ tendrán un coste para las arcas públicas de unos 1.150 millones de euros (190.000 millones de pesetas).

El Gobierno acordó subir el porcentaje de la base reguladora con el que se calcula la pensión del 45% al 70% para las viudas menos favorecidas, y del 45% al 52% para el conjunto de las personas cuyo cónyuge haya fallecido. El plazo para hacerlo, en función del pacto firmado con CEOE y CCOO, finaliza en 2004.

Desde Izquierda Unida, Antero Ruiz aseguró que las previsiones presentadas por el Gobirno están llenas de "incertidumbres y vaguedades", a lo que Camps respondió que son "totalmente rigurosas" y que no van más allá en el capítulo de ingresos de la Seguridad Social (hasta 2015) es, precisamente, para no faltar a ese rigor.

Ruiz también criticó, en línea con lo expresado por Isabel López i Chamosa, el que el Gobierno traiga a la Comisión del Pacto de Toledo los temas "bastante hechos", sin dejar margen para el debate de la propia Comisión, que es la que debe renovar el Pacto político firado en 1995.

DEPENDENCIA

La diputada de Convergència i Unió Inma Riera insistió al Gobierno en la necesidad de "definir un modelo de políticas de dependencia".

El secretario de Estado de Seguridad Social resaltó que en breve comenzará a operar un grupo de trabajo sobre el tema en el que participarán todas las comunidades autónomas, salvo Aragón, pero que el Ejecutivo "también espera las recomendaciones" que sobre la materia hará la Comisión del Pacto de Toledo.

Camps pidió que cuanto antesse tomen decisiones en la materia, ya que, de lo contrario, la situación "podría empeorar y pasar de un reto a un problema serio".

Además, señaló que "sea cual sea el sistema" de protección a las personas dependientes que se establezca, lo que el Gobierno "no contempla" es que haya "diferencias en función del territorio" en el que viva cada ciudadano. "Hay que garantizar un mínimo para toda persona dependiente", añadió.

Camps mostró su deseo de que se llegue a un gran acuerdo entre Gobierno, agenes sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos, "respetando escrupulosamente las competencias" de cada una de las administraciones.