Estas ayudas sirven para compensar ciertos costes relacionados con el apoyo a las energías renovables y a la producción de energía más eficiente, así como para cubrir los gastos adicionales en las islas y otros territorios no peninsulares.

Esta partida se suma a otra serie de ayudas a la industria electrointensiva como los más de 900 millones de euros en compensaciones por emisiones de CO2 que el Gobierno ha adjudicado desde 2019.

Con el Perte de descarbonización, el Ejecutivo ha destinado a la industria más de 322 millones de euros.

El ministro, Jordi Hereu, defendió en un comunicado la posición española de crear un nuevo pacto europeo para la industria que garantice una competencia justa con terceros países. España, según Hereu, está alineada con la agenda industrial europea que requiere mecanismos de financiación comunes. Así, ha apostado por movilizar recursos financieros europeos que permitan el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas, dando continuidad al Plan de Recuperación más allá de 2026.

“La industria necesita un entorno de competencia justo, donde los productos fabricados bajo normativas medioambientales no queden en desventaja frente a los importados de países con requisitos menos rigurosos”, señaló el ministro, que dijo que hay que aumentar la inversión en innovación y tecnología, reducir los costes energéticos y trabajar por un mercado interior europeo más unido y efectivo.