Las comunidades denuncian que todavía no tienen un orden del día establecido para la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrará el próximo miércoles 26 de febrero, si bien Hacienda espera cerrar los detalles en los próximos dos días y remitirlo a los gobiernos autonómicos antes de que acabe esta semana.

Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero negaron que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica se haya retirado de la mesa y sostuvieron que simplemente se ha concedido algo más de tiempo a las comunidades para que "hagan las apreciaciones que quieran a un documento que no deja de ser un resumen de sus posiciones".

De este modo, la condonación de deuda va camino de convertirse en el principal asunto de la jornada del próximo miércoles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció hace unas semanas que lanzará una propuesta a los consejeros autonómicos para asumir la deuda de las comunidades para que puedan destinar esos recursos a políticas públicas.

DESPOBLACIÓN

En el informe que Hacienda remitió el 30 de enero a las comunidades con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los técnicos sostienen que existe “un amplio consenso” para desechar la fórmula planteada para incluir la despoblación en el sistema de financiación autonómica. La propuesta consistía en calcularla teniendo en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media, sin incluir los municipios con más de 75.000 habitantes.

“Todas las comunidades autónomas son partidarias de descartar esta variable, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León. La Rioja no se pronuncia al respecto”. “En definitiva, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las comunidades autónomas, parece haber un amplio consenso en descartar esta variable”, concluye con una propuesta que no incluye ninguna otra fórmula para incluir la despoblación.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, fue el primero en alzar la voz ante contra el texto por suponer una merma de hasta 422 millones. Según fuentes autonómicas, otras comunidades matizaron que su oposición se debía al método de cálculo propuesto para estimar el coste que supone la despoblación, pero no la inclusión de este fenómeno en el sistema. Entre ellas, se encontraban Castilla-La Mancha y Galicia.

Además, el PP, que gobierna en 11 de las 15 comunidades del régimen común, aseguró este pasado fin de semana que sus comunidades eran partidarias de incluir este criterio. “¿Usted cree que Aragón, que puede defender la despoblación, está en contra de tener en cuenta la superpoblación de Valencia? Es que no son excluyentes. Esa es la habilidad de la política: hacer posible lo imposible, tener en cuenta todas las sensibilidades y todas las necesidades”, defendió su responsable económico, Juan Bravo, en una entrevista en Servimedia.

Las comunidades del PP aseguran que Hacienda les ha dado un plazo de un mes para presentar sus alegaciones a contar desde la reunión preparatoria del CPFF del pasado 12 de febrero.