A la reunión asistirán el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el titular de la Presidencia, Alfredo Pérez-Rubalcaba, por parte del Gobierno; por el PSOE, el portavoz socialista en el Congreso, Joaquín Almunia, y el secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del partido, José María Benegas; por la Generalitat el consejero de Economía, Maciá Alavedra, y por parte de la coalición el portavoz parlamentario de los nacionalistas, Miquel Roca.

Por lo ue se refiere a las grandes políticas presupuestarias, según fuentes consultadas por esta agencia, CiU pedirá mayores incentivos fiscales para las empresas centradas en las actividades productivas, algo sobre lo que el Gobierno encuentra serias dificultades por la necesidad de continuar con la austeridad en el gasto y de incrementar los ingresos.

De momento, el Gobierno incluirá una rebaja de las cotizaciones sociales por el incremento de un impuesto indirecto, posiblemente la creación de la `ecotasa' o bien aumentar el IVA, como pretende CiU, para reducir la tributación de renta de capital.

CiU propondrá que el Gobierno acelere la eliminación de la doble tributación de dividendos del Impuesto sobre Sociedades, medida que ya se contempla en el Libro Blanco elaborado por Hacienda.

Asímismo, el Ejecutivo también se muestra receptivo a la creación de un nuevo modelo de financiación de la Sanidad, dado el elevado déficit que han presentado las siete autonomías que han gestionado dicha competencia según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia.

Precisamente la Generalitat es uno de los gobiernos que mayor déficit tiene, achacado principalmente a la falta de personal y material sanitario.

POLEMICA POR SUCESIONES Y PATRIMONIO

Por otro lado, fuentes cercanas a CiU consultas por Servimedia aseguran que los convergentes harán un especial esfuerzo por reducir el Impuesto de Sucesiones y Patrimonio en beneficio de las empresas familiares.

Esta modificación tendrá que ser debatid extensamente en el seno del Gobierno. En principio dicha modificación cuenta con el apoyo del vicepresidente, Narcis Serra, que así se lo comunicó, en una reciente reunión, a miembros del Insituto de Empresa Familiar (IEF), informaron a Servimedia fuentes de dicha patronal.

Por el contrario, los sectores más ortodoxos del PSOE se oponen radicalmente a esta medida, al favorecer fiscalmente a las empresas de mayor renta. Esta reducción provocó la protesta más airada por parte del PP, cuando el Gobiernola incluyó, para más tarde retirarla, en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 94.

Asimismo, el Gobierno no está dispuesto a aceptar una de las peticiones que ya realizó Jordi Pujol a los pocos meses de aprobarse la Reforma del Mercado Laboral: la de crear un nuevo contrato temporal.

Flexibilizar más el mercado laboral, sobre todo después de que la mayoría del Parlamento diese el visto bueno a la reforma, no se ve con buenos ojos desde el Ministerio de Trabajo.

Gobierno y CiU abordrán otras cuestiones, como la modificación en el Impuesto de la Renta para favorecer a las familias y el nuevo modelo policial para Cataluña.

FONDOS ESTRUCTURALES

Otro gran interrogante es si el Ejecutivo dará el visto bueno o no a que los gobiernos autonómicos puedan gestionar parte de los Fondos de Cohesión de la CE que se destinan a las Administraciones Territoriales, opción defendida por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra.

Los Fondos de la CE que van destinado a las comunidades españolas afectan principalmente a Infraestructuras y Medio Ambiente, competencia esta última que es de los gobiernos autonómicos, en cuanto a presupuesto nacional se refiere.

Por otro lado, el Ejecutivo intentará también aumentar las partidas en dos ministerios que precisamente desarrollan políticas de actividades productivas: Industria y Obras Públicas.

El esfuerzo que tendrán que realizar otras administraciones, como Defensa, Interior y Justicia, Cultura y Sanidad, se vería ompensado por un incremento presupuestario para el departamento que dirige José Borrell por los compromisos de años anteriores que en infraestructuras ha asumido el Gobierno, como el II Plan de Carreteras y las inversiones previstas en el Corredor Ferroviario del Mediterráneo.