Según afirmó al término de la reunión con los consejeros de Servicios Sociales la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, los dos acuerdos aprobados hoy suponen que "por primera vez" haya "unas reglas de juego comunes para todas" las autonomías y garantizan que nadie se vea privado de recibir asistencia por falta de capacidad económica.

COPAGO

En este sentido, Cabrera dijo que el documento que fija el copago establece lo que deberá pagar el usuario teniendo en cuenta su capacidad económica y el tipo de servicio que reciba. Así, explicó, el que tenga más recursos pagará más por los servicios que reciba que el que posea menos renta y patrimonio, si bien, aclaró, en ningún caso el usuario abonará la totalidad del servicio.

Para medir la renta de los beneficiarios del sistema de dependencia se tomará como patrón el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado en 2008 en 516,90 euros. Teniendo esto en cuenta, las personas dependientes cuya renta sea inferior o igual al Iprem no abonarán nada por los servicios que reciban.

Quienes tengan una renta superior a este índice pagarán un porcentaje del coste total del servicio que reciban que deberá fijar cada comunidad autónoma.

Por otra parte, el texto aprobado hoy establece que el domicilio del beneficiario se tendrá en cuenta únicamente a la hora de fijar su capacidad económica cuando el servicio que reciba sea residencial y viva solo.

El acuerdo del copago, que como el de acreditación de centros habían rechazado en otras ocasiones Gobierno y CCAA en el Consejo Territorial de la Dependencia, salió hoy adelante con el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE más Navarra y con la abstención de las dirigidas por el PP y Canarias (el País Vasco no estaba en la votación).

Según explicó tras la reunión la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo,que habló en nombre de las regiones dirigidas por los Populares, al PP le hubiera gustado que los dos puntos aprobados hoy tomaran forma de decretos y no de acuerdos para dar más "garantías jurídicas" a los ciudadanos y para que su contenido sea el mismo en todo el territorio.

Además, continuó Hidalgo, los acuerdos aprobados hoy implican un contenido económico "que no se ha puesto encima de la mesa".

ACREDITACIÓN DE CENTROS

Por otra parte, el consejo de la dependencia aprobó en su reunión de hoy también el acuerdo de acreditación de centros, que fija los requisitos de calidad que deberán cumplir los centros y servicios de dependencia en los recursos que utilicen, en la accesibilidad y en la cualificación y número de profesionalesde sus plantillas.

Por lo que se refiere a la capacitación de profesionales de centros y servicios del sistema de dependencia, se requerirán progresivamente una serie de cualificaciones profesionales.

Así, los directores de los centros acreditados en el sistema deberán contar con titulación universitaria y haber realizado formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia.

En cuanto a los cuidadores, gerocultores o categorías profesionales similares, habrán de acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en instituciones sociales, de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o la de Técnico de Atención Sociosanitaria.

Además, quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas con gran dependencia, tendrán que acreditar la cualificación profesional de Atención a Personas en el Domicilio, el certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o las titulaciones indicadas para los cuidadores y gerocultores.

Estos requisitos sobre cualificaciones profesionales serán exigibles progresivamente desde ahora hasta 2011 y desde ese año hasta 2015, cuando todos los profesionales que atiendan a personas dependientes deberán contar con titulación.