Este acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha responde, según una nota hecha pública por la Oficina del Portavoz, "a la necesidad de austeridad que demanda la actual situación económica, ante la que los órganos, enidades y empresas públicas deben ser los primeros en dar ejemplo a los ciudadanos".

Este criterio de austeridad será aplicable tanto a la Administración regional como a aquellas instituciones financieras que actúan con la tutela de la comunidad autónoma, como son las cajas de ahorro y cajas rurales implantadas en Castilla-La Mancha.

Según la Oficina del Portavoz, "el principio de austeridad, junto con el de transparencia, han sido tenidos siempre en cuenta por el Gobierno autonómico, ya que desde1983, por acuerdo del Consejo de Gobierno, los altos cargos no cobran dietas e indemnizaciones por razón de sus servicios o asistencia a comisiones".

En 1993, esta prohibición del cobro de dietas e indemnizaciones se hizo extensiva por el Gobierno regional a los representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en empresas y entidades públicas en las que tiene participación o representación.