El Ejecutivo regional asume así el compromiso adquiido con la empresa Suzuki que posibilitó la firma de un acuerdo entre los trabajadores de Santana Motor y la dirección de la firma nipona, y que provocó la puesta en marcha de un plan de viabilidad.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó anoche cesar a nueve altos cargos de la Administración regional. Los cesados son dos directores generales, un secretario general técnico, el interventor general de la Junta y cinco delegados provinciales de consejerías.

Entre ellos figura el secretaro general de la Consejería de Economía, Alberto Pertusa, cuyo cese fue solicitado el pasado mes de junio por Izquierda Unida (IU) en la comisión de investigación del 'caso New Techno', por las irregularidades urbanísticas detectadas en esta empresa toledana cuando Pertusa ocupaba la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Comunidades.