Esa decisión administrativa se produce tras la anulación de una anterior concesión a una empresa privada que no contó con el beneplácito del actual Gobierno regional.

La nueva lotería podrá ser adquirida en las cajas de ahorros canarias y en los vendedores autorizados, en tanto que los boletos serán elaborados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La viceconsejera de Adminitraciones Públicas, Ana Oramas, ha adelantado que los presupuestos de 1993 incluirán una nueva tasa en concepto de juego, unos 1.000 millones de pesetas, es decir un 20% de las ventas, estimadas en 5.000 millones de pesetas.

Aparte de ese 20 por ciento de impuestos, un 50 por ciento será para premios, mientras que el 15 por ciento irá a parar a la comisión destinada a los vendedores. El 15 por ciento restante se distribuirá entre el Organismo Canario de Juegos, las cajas de ahorros y los gastos de pubicidad y gestión.

Además, los ingresos que la comunidad autónoma obtenga de esa lotería irán destinados en parte a la creación del salario social, según explicó Ana Oramas.

Ante la posibilidad de que prospere el recurso contencioso administrativo presentado por los anteriores adjudicatarios, la viceconsejera explicó que el Gobierno canario denegará la adjudicación, aplicando un derecho que tiene basándose en "razones de eficacia".