El proyecto prevé que los ayuntamientos fomenten la cooperación entre organizaciones del sector privado y del voluntariado, que se encargarán de ofrecer servicios de asesoría laboral a los demandantes de pensiones por incapacidad.

Según el ministro de Empleo, John Hutton, las normas generales que regulan estas pensiones, incluidas las penalizaciones si el beneficiario deja de acudir a entrevistas de empleo sin motivos justificados para ello, seguirán aplicándose en en todo el territorio nacional, pero los ayuntamientos podrán desarrollar sus programas de reinserción del modo que estimen apropiado.

Hutton ha aclarado que estas medidas no tienen por objeto sancionar, sino facilitar la reincorporación al mercado de trabajo de los perceptores de pensiones por incapacidad laboral aptos para ello, ofreciéndoles ayuda extra.

Esta medida está aún pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, cuyo titular ya ha expresado su preocupación con respectoa su coste.

Sin embargo, el ministro de Empleo ha subrayado que la reincorporación al mercado de trabajo de cada uno de los beneficiarios de estas pensiones representaría un ahorro directo de unos 10.220 euros para el Gobierno.