La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fallado a favor del Parlamento balear en la aprobación y aplicación de este impusto, después de que Repsol presentara un recurso de casación contra este gravamen.

Las empresas Gesa, Telefónica y Campsa han acudido también al Supremo por idéntico motivo, por lo que presumiblemente se dictarán las mismas sentencias.

La sentencia del Supremo ratifica la argumentación expresada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en 1994, en respuesta a los recursos presentados por las cuatro empresas citadas, las únicas afectadas por el impuesto, desde la aprobación de la ley.

La consecuencia inmediata de la decisión del Alto Tribunal, que ha sido recibida con gran satisfacción por el Gobierno balear, será la ejecución de los avales que presentaron estas empresas para no pagar el impuesto mientras se resolvían los recursos presentados.

Las arcas del Ejecutivo autonómico se embolsarán 2.800 millones de pesetas por el pago del impuesto en 1992. Hasta ahora, Gesa, Campsa, Repsol y Telefónica deberían haber abonado unos 9.000 millones de pesetas, que el Gobierno regional ha idoincluyendo en sus presupuestos, a pesar de que estas firmas no lo han pagado.

El fallo del Tribunal Supremo reconoce también la "soberanía" de un Parlamento autonómico para aprobar una ley en la que se crea un impuesto de estas características.

Las empresas afectadas han expresado su descuerdo desde un primer momento con la decisión de la Cámara balear, alegando cuestiones "competenciales".

Incluso, el Estado mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra el 'impuesto ecológico' por una uestión de "competencia". Los responsables del Ejecutivo regional, del PP, ante el previsible cambio de gobierno, van a pedir a José María Aznar que retire éste y otros conflictos.

El impuesto debe ser sufragado por las empresas, y no puede ser repercutido en el precio de los servicios que prestan a los ciudadanos, como ya ha reconocido el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo regional reiteró hoy esta advertencia ante la amenaza lanzada por Gesa de hacer frente al pago del gravamen autonómico suiendo sus tarifas en Baleares, algo que sería ilegal según los tribunales.