Así lo trasladó la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodriguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la presentación de un nuevo requerimiento al Gobierno de Castilla y León que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco por extralimitación de competencias.

Con esta iniciativa, el Gobierno quiere lanzar un “mensaje de absoluta firmeza y de tranquilidad”. Por una lado, dijo la portavoz, de “firmeza porque el Gobierno impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el Gobierno de Castilla y León e impedir que esta tropelía se consume”, sentenció.

“Y de tranquilidad para las mujeres de Castilla y León y de toda España, así como a los profesionales sanitarios, que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno va a trabajar para no permitir ningún solo retroceso en materia de los derechos y libertades de las mujeres”, añadió.

La ministra portavoz remarcó como encargada del requerimiento por ser la titular del Ministerio de Política Territorial que “no vamos a consentir ni un solo resquicio que ponga en retroceso” esos derechos.

El Gobierno explicó que, en virtud del artículo 63.2 de la ley del Tribunal Constitucional, puede iniciar este requerimiento pese a que no hay ningún documento escrito por parte del Gobierno de Castilla y León con el protocolo porque el anuncio del vicepresidente Juan García-Gallardo se realizó en la rueda de prensa en la que se daba cuenta de la reunión del Consejo de Gobierno y avisó de que en la reunión del Gabinete se había tomado dicha decisión.

De hecho, fuentes del Ejecutivo aseguran que con este requerimiento se está “forzando” a que el Gobierno de Mañueco se “retrate” y dé cuenta de si hay un acuerdo por escrito del Gabinete, como afirmó el vicepresidente, o realmente “no hay nada” como defiende el presidente Mañueco.

Consideran en La Moncloa que si se publica de una vez la referencia de los asuntos acordados en el último Consejo de Gobierno de Castilla y León (celebrado el pasado jueves y del que todavía no hay publicación alguna) y no hay acuerdo alguno sobre este asunto, se podría decir que el Ejecutivo central les “ha parado”, habida cuenta de que desde la Vicepresidencia y desde Vox se mantiene que hubo un acuerdo.

En el caso de que se confirme que un acuerdo cambia el protocolo a seguir cuando una mujer quiere interrumpir el embarazo, en el Ejecutivo lo ven como la prueba necesaria para dar “un paso más” y presentar el conflicto de competencias ante el TC, ya que este paso sí requiere algo tangible.

En La Moncloa explican que la vía contenciosa-administrativa iniciada el domingo con el requerimiento que se envió desde el Ministerio de Sanidad responde a la intención de impedir la entrada en vigor este lunes del nuevo protocolo como aseguraba el vicepresidente Gallardón.

Y que ahora la vía competencial se activa habida cuenta de la insistencia desde Gallardo de que se aprobó el protocolo. El Gobierno entiende que, de ser así, “no hay tiempo que perder” porque se estarían vulnerando los derechos de las mujeres y también poniendo en riesgo a los profesionales sanitarios.

Precisamente, en la rueda de prensa, la ministra portavoz defendió que, en este país, “las mujeres han esperado demasiado” para tener este derecho, como para estar ahora afectados por las medidas de la “ultraderecha".