Así lo indicó Llop en rueda de prensa en La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros, donde comentó que estos dos proyectos de ley, enmarcados en el Plan de Justicia 2030, tienen un “impacto directo” en la conexión de la ciudadanía con el sistema de Justicia. “Esta es la esencia del Plan Justicia 2030”, añadió.

En este sentido, explicó que dos de los tres “pilares” del Plan, que son las leyes de eficiencia procesal y organizativa, reciben un “impulso crucial”, y afirmó que sobre estos “cimientos” se está construyendo un “auténtico servicio público de Justicia universal, accesible, moderno, eficiente, ágil y sostenible”. “En definitiva, lo que queremos es acercar las instituciones judiciales, ponerlas a mano de los ciudadanos”, agregó.

El Plan, las citadas leyes y la ley de eficiencia digital, que Llop anunció que traerá al Consejo de Ministros, serán elementos “fundamentales” en los ejes de “cohesión social y territorial” para que “cualquier ciudadano, en cualquier lugar que se encuentre del territorio, pueda acceder de una manera sencilla a un recurso, al servicio público de Justicia”.

LEY EDE FICIENCIA ORGANIZATIVA

Llop señaló que la ley de eficiencia organizativa contribuye a superar las “brechas” de acceso al servicio público de Justicia y refuerza el “derecho fundamental de tutela judicial efectiva”, ya que esta “nueva Justicia” va a ayudar a “sortear brechas y barreras territoriales, de carácter digital o tecnológico y de comprensión” que pueden afectar a personas con discapacidad o aquellas que tengan dificultades para acceder a la Justicia.

“Las instituciones son de las personas, esto es lo que queremos transmitir con este proyecto de Justicia 2030 y los órganos judiciales deben ser vistos como esos motores de desarrollo humano, social y económico, y nunca como obstáculos a este desarrollo”, agregó la ministra.

Además, aclaró que se mantienen los juzgados de instancia en “todos y cada uno de los lugares en los que ya están”, pero ahora evolucionarán en tribunales de instancia. Es decir, de los más de 3.600 juzgados de primera instancia que hay “habrá ahora 341 tribunales de instancia en toda España que estarán sustentados por una oficina judicial”.

A su vez, explicó que otro elemento de esta nueva organización judicial serán las oficinas judiciales municipales, ya que los más de 7.000 juzgados de paz que hay en España evolucionarán hacia oficinas judiciales municipales que estarán dotadas de recursos tecnológicos.

LEY DE EFICIENCIA PROCESAL

En relación con la ley de eficiencia procesal, Llop explicó que lo más “relevante” que tiene es que se van introducir “nuevos medios adecuados de solución de controversias” y se va a fomentar el uso de estos “medios adecuados” de resolución de conflictos. Esto, continuó, va a ayudar a “descongestionar” los juzgados.

Pese a ello, remarcó que ese no es el “fin principal”, la finalidad principal es que suponga un “verdadero instrumento negociador y democratizador” de las relaciones entre las partes de un conflicto y conseguir que estos métodos actúen como un elemento “indispensable en la cohesión social y en la resolución pacífica de las controversias”.