El gabinete ministerial ha aprobado simultáneamente el decreto que autoriza la privatización, y reserva al Estado el derecho de autorización previa a operaciones que puedan afectar al futuro de la petrolera.

Además, el Boletí Oficial del Estado (BOE) publicó hoy la ley de creación de determinadas entidades de derecho público, en la que se inscribe la constitución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenedora de las acciones de Repsol que saldrán a la venta en los próximos días.

Dicha ley, que entrará en vigor mañana, permite a SEPI tomar carta de naturaleza para controlar e instrumentar todo el proceso de colocación de la petrolera en los mercados financieros.

Por su parte, el decreto de enaenación de Repsol, que entra en vigor por la reducción de la presencia estatal por debajo del 15% de su capital, fija el régimen de autorización previa administrativa para las siguientes filiales de la petrolera: Repsol S.A., Repsol Petróleo, Repsol Comercial Productos Petrolíferos, Petronor, Repsol Exploración ALGA S.A. y Repsol Investigaciones Petrolíferas.

Sin embargo, no hace extensiva la potestad del Estado a cualquier decisión en estas compañías, sino a aspectos concretos como la disolución volutaria, fusión, escisión o cambio del objeto social, así como la enajenación o gravamen de activos o participaciones en ellas que superen el 15%.

Según Industria, el trámite de las autorizaciones a las que queda condicionada Repsol se hará de forma rápida y ágil para no perjudicar la toma de decisiones empresariales. Habrá un plazo de un mes para resolver las solicitudes que se presenten, y si no es así se darán por autorizadas. Además, en caso de disconformidad con la resolución que se adopte, la emprsa tendrá abierta la vía jurisdiccional para recurrirla.

La Oferta Pública de Venta (OPV) de Repsol que ya tienen lista los responsables de Repsol y de la SEPI comenzará el próximo día 17 con la apertura del plazo de peticiones de compra, para los minoristas y que podrán revocar después.

Además, las demandas que se hagan antes del día 29 de enero -fecha en la que se fijará el precio máximo de la operación- tendrán preferencia sobre el resto de peticiones de inversores minoristas.

Un día despés, el 30 de enero, comenzará la oferta firme de venta y finalizará el día 2 de febrero, fecha hasta la que se admitirán revocaciones de peticiones de compra, y tres días después, el 5 de febrero, se fijará el precio definitivo de las acciones que se venden tras el cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, para empezar a cotizar el día 6.

También está esbozado el destino del dinero que se obtendrá en la privatización. El Estado prevé ingresar con la OPV unos 130.000 millones de pesetas, de los qu 105.000 se emplearían en reducir el déficit público, y 25.000 millones se quedarían en la SEPI para rebajar la deuda de 570.000 millones que esta Sociedad ha recibido del antiguo INI.