Según informó el Gobierno, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 71, reconoce el derecho de los vecinos a pedir una consulta popular siempre que cuente con la autorización del Gobierno.

Las limitaciones que establece la mencionada ley para estas consultas populares son las siguientes: que se trate de un asunto de competencia propia municipal; que la cuestión que se discute tenga carácter local; que sea de especial relevancia para los vecinos; y que se trate de materias ajenas a las haciendas locales.

El Gobierno autoriza la consulta popular, con los informes favorables de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Comunidad Valenciana, al reunir los requisitos exigidos por la Ley.