La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para explicar la disposición del Gobierno a abordar reformas de la legislación electoral para facilitar el voto de los españoles residentes en el exterior.

El objetivo, en principio, es articular el voto en urna de esos españoles y también la creación de una circunscripción exterior que les permita representación propia. Debe ser el legislador, defendió la vicepresidenta, el que decida si ambas cuestiones se abordan conjuntamente o por separado.

En todo caso, la vicepresidenta alertó de que, si el objetivo es reforzar las garantías del ejercicio del derecho a voto, no se pueden olvidar las dificultades técnicas y jurídicas inherentes al establecimiento de un sistema de voto presencial o en urna.

Por ejemplo, explicó, para las elecciones generales sería necesario habilitar gran número de mesas electorales en las 157 demarcaciones consulares que mantiene España en la actualidad, y colocar en cada una de ellas 52 urnas para el Congreso y otras tantas para el Senado.

En cada mesa habría que garantizar la existencia de un juego completo de papeletas de todas las candidaturas concurrentes en cada circunscripción, y dotar a cada consulado de cabinas, manuales de mesa y otros elementos necesarios para la votación.

En cada uno de los estados en los que España tiene representación diplomática habría que nombrar miembros de mesas electorales que en muchos casos tendrían que recorrer largas distancias a través de vías de comunicación de difícil tránsito.

Los partidos, prosiguió la vicepresidenta, tendrían dificultades para nombrar interventores, lo que perjudicaría sobre todo a los minoritarios. Además, la estructura administrativa electoral sería suplida necesariamente por la Administración General del Estado.

Hay que ponderar, además, "la carga" que puede suponer para muchos compatriotas desplazarse a una determinada sede consular en países donde las distancias son considerables y las comunicaciones difíciles o costosas.

Por todo ello, la vicepresidenta alertó a los partidos de la necesidad de encontrar fórmulas que garanticen el ejercicio del derecho de sufragio libre, igual, directo y secreto.

Hay que evitar, advirtió, que un pretendido avance en el ejercicio del derecho a voto de los españoles residentes en el exterior genere en realidad "el efecto indeseable de convertir en más gravoso el ejercicio del dercho a voto".

Por todo ello, el Gobierno cree que las nuevas tecnologías "pueden constituir una buena herramienta de trabajo", porque abren la puerta al voto presencial en urna electrónica o el voto electrónico por Internet, "sin menoscabo y en convivencia con el voto por correo, ya sea manteniendo el sistema actual o volviendo, si así lo deciden sus señorías, a la legislación de 1995 de voto rogado".

La vicepresidenta reiteró la voluntad del Gobierno de contribuir a mejorar las garantías de ese derecho acometiendo las reformas que sean consensuadas.