La principal novedad de la ley, de carácter liberalizador, es la ruptura de la reserva en exclusiva de la mediación de seguros a favor de los agentes y corredores. Con ese fin, suprime el requisito de colegiación para ejercer la actividad de agentes de seguros, condición que se reconocerá a toda persona que preste sus servicios a una entidad aseguradora.

Por su parte, los corredores de seguros serán profesionales independientes que ejercerán su actividad libres de vínculos con las empresas del sector, y que se dedicarán a asesorar a sus clientes sobre cuáles son los mejores productos del mercado.

De la actuación de los agentes responderán las compañías e seguros de las que dependan, mientras que los corredores responderán por sí mismos de su actuación y de las redes de distribución que utilicen.

De esta forma, la ley pretende que, en cualquier infracción que se cometa, siempre haya una compañía de seguros o una correduría a quien imputar la responsabilidad administrativa.

ABARATAR EL COSTE

El Gobierno espera que estas medidas abrirán aumentarán la competencia en el sector, abaratarán el coste del seguro y lo acercarán al consumidor, al disponr éste de más puntos de venta y de productos más flexibles.

En opinión del Ejecutivo, la disminución de las comisiones de intermediación "es una condición necesaria para poder competir con compañías europeas que muy pronto podrán ofrecer sus servicios en España directamente desde su país de origen".

Considera que "es, además, una buena forma de fomentar un ahorro que se caracteriza por su estabilidad y largo plazo, fundamental para el desarrollo de nuestro país".

Finalmente, la nueva ley regla también otras actividades vinculadas estrechamente al sector asegurador privado, como las que realizan los peritos tasadores de seguro, los comisarios y los liquidadores de averías.

El objetivo es clarificar el régimen de control administrativo que se les ha de aplicar, y que la ley circunscribe únicamente a aquéllos que ejerzan la función de tercer perito.