Según informó el Ministerio de Justicia, la iniciativa legal elevada por la titular de este departamento, Pilar Llop, adapta al ordenamiento nacional el Reglamento (UE) 2018/1727 de Eurojust, que regula los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y la situación de personal español en el exterior.

Justicia recordó que Eurojust se creó en 2002 como un organismo de la UE con personalidad jurídica, cuyo fin era estimular y mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, en particular en relación con casos graves de delincuencia organizada.

La iniciativa legal analizada este martes por el Consejo de Ministros incorpora mejoras en el procedimiento de convocatoria, selección y nombramiento. En ese sentido, se introducen una serie de disposiciones para mejorar la trasparencia en la selección de los candidatos que ocupen los puestos de miembro nacional de Eurojust, adjunto o asistente, como la publicación la convocatoria en el BOE o la constitución de una Comisión de Selección encargada de conformar una terna de candidatos.

“SELECCIÓN TRANSPARENTE”

También se incorporan en la convocatoria para Eurojust criterios de igualdad, al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En este sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, destaca la relevancia de que se incluya una cláusula específica para lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el órgano.

“Con este texto avanzamos en la adaptación de nuestra normativa al marco europeo, fomentando un proceso de selección transparente que introduce criterios sobre igualdad, y cumpliendo el compromiso de este Gobierno en la regeneración democrática y modernización de las instituciones, y afianzando la independencia de Eurojust”, según Llop.

Además, la nueva norma incluye novedades de contenido, como el análisis del estatuto y de las competencias que el Reglamento prevé para el miembro nacional Eurojust, entre las que cuenta con la enumeración de las competencias que los miembros nacionales deben tener en los Estados miembros, estableciendo así un mínimo común que aporte homogeneidad en operaciones conjuntas.

El proyecto, en su apartado dos, incluye que cada Estado miembro otorgue a su miembro nacional atribuciones adicionales. En el caso de España podrá corregir errores en la solicitud, dividirla entre autoridades competentes o cualquier otra modificación que resulte necesaria para su rápida y correcta tramitación.

Además, en casos urgentes, si no es posible determinar o contactar a tiempo con la autoridad competente, el miembro nacional podrá llevar a cabo estas acciones directamente, informando de ello a la mayor brevedad.