De acuerdo con esta disposición, la Dirección General de Objeción de Conciencia adscribirá globalmente a la comunidad autónoma a los objetores de conciencia que soliciten destino en ella y no hayan pedido aplazamiento o exención de la prestación. La comunidad se encargará de asignar a los objetores a los programas y localidades, en función de las vacantes.

Asimismo el nuevo reglamento distngue a las entidades colaboradoras de la prestación social no gubernamentales de las dependientes de las administraciones públicas, para las que es suficiente la autorización de la Dirección General de Objeción de Conciencia.

Se modifica también el nombramiento de los vocales del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y la estructura del procedimiento de la prestación social. Este se inicia ahora con las competencias de los órganos encargados de gestionar la prestación, fija el régimen con las disintas situaciones en las que se pueden encontrar los objetores y determina las exenciones y aplazamientos de forma similar al servicio militar.