El proyecto de ley establece los requisitos técnicos que deben cumplir las edificaciones, desde los de seguridad para los ocupantes hasta los que se refieren al bienestar (aislamiento térmico y acústico) y a a protección del medio ambiente en el entorno inmediato a lo edificado.

Las ayudas públicas a la vivienda deberán condicionarse al logro de estos objetivos de calidad, que se concretarán, entre otros instrumentos, en la obtención de un certificado energético que valore esta cualidad en cada edificio para favorecer las inversiones tendentes al ahorro energético.

En cuanto a la identificación de los agentes que intervienen en la edificación, la nueva norma regula por primera vez la figura del promoor, tipifica los diversos cometidos del proyectista y define las figuras del contratista, el director de obra, el director de la ejecución de la obra, las empresas, los laboratorios de control de calidad, los suministradores, los propietarios y los usuarios.

El proyecto de ley establece, para los edificios de viviendas, la suscripción obligatoria por el contratista de un aval para garantizar las responsabilidades que le afecten por una incorrecta terminación de la obra durante el plazo de un año; y paa el promotor, la suscripción de un seguro de daños que cubra los que ocasionen en el edificio, por vicios o defectos que ocasionen el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad, o que comprometan la solidez o estabilidad de los edificios durante el plazo de tres y diez años respectivamente.