Este proyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores, que incluye medidas en el ámbito familiar, educativo y sociosanitario, iniciará ahora su trámite parlamentario.

García destacó en la rueda de prensa que "la evidencia científica es que no hay una cantidad segura de consumo mínimo de alcohol. Beber alcohol no aporta ningún beneficio a la salud", y exhortó a la sociedad a que no normalice el consumo de esta sustancia, que es sumamente peligrosa para "nuestros niños y adolescentes", porque su consumo "afecta al desarrollo del cerebro y provoca conductas de riesgo".

Una de las medidas que recoge en el ámbito sociosanitario es que los menores atendidos en urgencias por intoxicación etílica y sus padres serán evaluados y se les hará un seguimiento, y prescribe que la historia clínica del menor que haya sufrido intoxicación etílica recoja esos episodios.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán realizar pruebas de alcoholemia en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol esté prohibido con métodos no invasivos como el etilómetro y podrán ser repetidas a petición de la persona afectada. Respecto a las sanciones, la multa impuesta a los menores de edad por la comisión de la infracción leve relacionada con el consumo de alcohol podrá ser suspendida a cambio de la participación en programas preventivos de sensibilización y concienciación o rehabilitadores en función de cada caso.

En el ámbito educativo "se promoverá la inclusión de nuevos contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato y planes de estudios universitarios y de formación del profesorado. Se fomentará la inclusión en las actividades extraescolares anuales de planes destinados a concienciar sobre estilos de vida saludables y retrasar el inicio del consumo de alcohol. En estas actividades no podrán participar entidades relacionadas con los sectores vinculados a la producción o comercialización de bebidas alcohólicas", recoge la norma.

En el contexto urbanístico, el proyecto de ley impone una limitación de apertura de nuevos establecimientos, teniendo en cuenta la concentración de puntos de venta minorista de bebidas en las inmediaciones de centros educativos, de protección social de personas menores de edad o establecimientos en los que se desarrollen espectáculos o actividades recreativas públicas destinadas a menores de edad.

VENTA

Respecto a la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, el proyecto de ley expone que "las máquinas de dispensación incorporen mecanismos técnicos eficaces, con vigilancia y custodia directa, que permitan impedir su adquisición por personas menores de edad. Además, no podrán instalarse en la vía pública, ni en lugares donde esté prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas".

Así mismo, el proyecto de ley impone limitaciones a la exposición y acceso a las bebidas alcohólicas en los establecimientos de autoservicio, que deberá limitarse a un espacio concreto dentro del propio local que esté separado de los espacios con productos específicamente destinados a las personas menores de edad. Además, en los establecimientos dedicados mayoritariamente a la venta de productos para personas menores de edad, no podrán venderse bebidas alcohólicas ni otros productos que los imiten, ni exhibirse en los escaparates o en el interior.

PUBLICIDAD

La norma también establece limitaciones en publicidad. De este modo, se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a personas menores de edad.

Además, en la publicidad o comunicaciones comerciales no se podrá usar la imagen o la voz de personas con menos de 21 años; personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, cuya relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con la población menor de edad; mujeres en estado de gestación, aunque hayan prestado su consentimiento, o la imagen de un feto.

Respecto al lenguaje, no se podrán utilizar argumentos, estilos, tipografía o diseños asociados a la cultura de las personas menores de edad, o vincular las bebidas alcohólicas con la mejora del rendimiento físico, el éxito social o sexual.

También se prohíbe que haya publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios y de parques y lugares de ocio infantil. Esta medida entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, sin afectar a aquellas situaciones ya existentes antes de ese momento. Sí estará permitida la publicidad de aquellas bebidas fermentadas por debajo de 0,5% de alcohol.

El proyecto de ley prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros educativos de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas elementales artísticas; centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad, así como en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad.

Por último, la titular de Sanidad recordó que, según la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años. En 2023, el 75,9% reconocía haberlo consumido alguna vez en su vida; el 73,6%, en el último año; y el 56,6%, en el último mes. La edad media de inicio del consumo es de 14 años y el 93% de los adolescentes entre 14 y 18 años consideran fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas.