Según subrayó la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, en la rueda de prensa posterior al Conseo de Ministros, el objetivo de esta ley es dar una normativa integral en sus aspectos de fomento y de promoción a la cinematografía y al sector audiovisual.

Entre los contenidos del anteproyecto, Del Castillo destacó la elevación a rango de ley de las ayudas a la producción. En este sentido, señaló que el fomento a la producción cinematográfica se va a continuar realizando a través de las ayudas concedidas con criterios objetivos automáticos, basados en la aceptación del público, un sistema que, en suopinión, se ha mostrado como un mecanismo eficaz de apoyo y promoción para la industria cinematográfica.

En el anteproyecto de ley se mantienen las ayudas anticipadas sobre proyectos para largometrajes de nuevos realizadores o de decidido carácter cultural, así como para el desarrollo de guiones y cortometrajes que contribuyan a la renovación del cine español.

Por otra parte, en la ley se prevé el reforzamiento de los sistemas para conocer los datos de explotación de las películas, con el fin de acilitar las ayudas con criterios objetivos automáticos.

Una novedad de la ley es la que se refiere al patrimonio audiovisual. Para Del Castillo, el reconocimiento del valor del cine y de la televisión como memoria y como intérprete del mundo contemporáneo exigía medidas para su conservación como patrimonio artístico español.

En este sentido, apuntó que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), del Ministerio de Educación, va a velar por la salvaguarda y difusión del atrimonio cinematográfico español mediante la conservación de copias de películas, fotografías, músicas, sonidos, guiones, etcétera, así como su restauración y su difusión.

Por lo que se refiere a la promoción y distribución, se establecerán ayudas para la difusión y la promoción del cine español en otros países, así como incentivos para la distribución del cine europeo.

Por último, el anteproyecto prevé la supresión de la cuota de pantalla que obliga a proyectar una película comunitaria por cadatres de terceros países. La eliminación se va a realizar en un plazo de cinco años desde que entre en vigor la ley. Del Castillo argumentó su eliminación en la necesidad de homologar la normativa jurídica a la existente en los países de la Unión Europea y a que se trata de una medida "obsoleta".