Así lo confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales preguntadas por esta ley, que tendría que haber entrado en vigor el año pasado y cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.

De hecho, es una de las prioridades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el inicio de la legislatura. La idea de Puente es que salga idéntica de Moncloa, aunque contempla incluir mejoras a través de acuerdos con los grupos políticos.

“El pilar normativo que proporcionará está ley será fundamental para completar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura, y para avanzar en la transformación de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas”, explicó Puente cuando anunció su aprobación en febrero.

Además, aseguró que con esta ley se establecerán las reglas para cogobernar la movilidad entre las distintas administraciones y será el instrumento que permita acelerar la descarbonización del transporte, impulsando definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril.

También valoró que “reforzará el papel de las zonas de bajas emisiones, facultando la implantación a los ayuntamientos de tasas de circulación o peajes urbanos, y señaló que será la que determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental”.