De esos casi 2.200 millones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aporta 1.400 millones, que irán para construir nuevas infraestructuras como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.

Habrá casi 700 millones para actuaciones prioritarias en las cuencas más castigadas por la falta de lluvias y 610 millones para activar la conducción Júcar-Vinalopó y sustituir el uso de aguas subterráneas por desaladoras.

En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno ha destinado una partida de 784 millones, de la que la mayor partida se la llevarán ayudas directas por alcance de 636 millones. También habrá devolución del IBI por alcance de 53 millones y nuevas prestaciones para la contratación de seguros agrarios, con un montante de 40,5 millones.