Esa oferta de empleo público profundiza en la tendencia al descenso inicida tras 1991, cuando se ofertaron 27.217 puestos de trabajo en la Administración, y es incluso muy inferior a la del año pasado, de 6.304 plazas, que fue presentada por los responsables del Ministerio para las Administraciones como la más restrictiva de los últimos veinte años.

Como consecuencia, la Administración estima que se producirá a lo largo de 1995 una disminución de más de 6.000 empleos, ya que las bajas vegetativas producidas por jubilaciones y otras causas serán de unas 9.000, muy superiore a las nuevas entradas de personal.

De haberse atendido todas las peticiones de personal formuladas por los ministerios, la oferta habría ascendido a 13.000 plazas. La disminución de personal supondrá, según las fuentes oficiales consultadas por Servimedia, un ahorro de más de 12.000 millones de pesetas, destinados a la disminución del déficit público.

En cuanto al reparto de la OEP, al margen de las 600 plazas sumadas a última hora por la Administración, las restantes se reparten de la siguientemanera: 908 para personal docente, 410 para Hacienda y la Agencia Tributaria, 50 para Correos, 45 para el MOPTMA, 85 a personal de investigación, 14 a Agricultura, 35 a Seguridad Social, 100 para diversas especialidades del grupo A (el de titulados universitarios) y 594 para contrataciones de personal laboral.

Los sindicatos de la función pública consideran excesivamente restrictiva la oferta de empleo público de este año y sostienen que no bastará ni siquiera para cubrir las prioridades marcadas por l Gobierno, como la sanidad, la educación y la lucha contra el fraude.

El secretario de Acción Sindical de CCOO de la Administración, Enrique Arnau, manifestó a Servimedia que las plazas convocadas no satisfacen la prioridad dada a la lucha contra el fraude tributario y señaló que faltará personal en las cárceles e incluso en residencias del Inserso.

Añadió que la oferta se ha hecho "cuadrándola a hachazos por el afán de reducir el déficit público" y recalcó que, aunque los sindicatos comparten e objetivo de que el dinero se gaste correctamente, es preciso "que los servicios público prioritarios se atiendan bien".

RETRASO EN LOS PAGOS

Por otra parte, el secretario de Acción Sindical de CSI-CSIF, Enrique Alonso, señaló que más de la mitad de los contratados laborales de la Administración no han cobrado todavía la subida salarial del 3,5 por ciento aprobada para este año, por lentitud burocrática o retrasos en la negociación de sus convenios.

Todos los sindicatos de funcionarios han urgio a la Administración para que acelere estos pagos ya que, en cualquier caso, deberá abonarlos con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mes en el que ya empezaron a cobrar el aumento los empleados públicos con rango de funcionarios. Los contratados laborales de la Administración se rigen por más de 60 convenios distintos.