Según el texto del anteproyecto de ley que elevará mañana al Consejo de Ministros la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, al que tuvo acceso Servimedia, a partir de ahora será competencia del juez de Vigilancia Penitenciaria la aprobación de la liquidación de condena, esto es, la posibilidad de que ésta pueda ser acortada o, por el contrario, agotada hasta su cumplimiento íntegro.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria tendrá potestad para decidir la suspensión de la eecución de la pena en caso de transtorno mental y la aprobación del licenciamiento definitivo.

Se mantienen, entre las competencias de estos jueces, la aprobación o revocación de la libertad condicional, las referidas a los permisos de salida o la clasificación de los internos, así como lo concerniente a las redenciones de penas por el trabajo.