Así lo explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde apuntó que con estas medidas el Gobierno trata de “mitigar“ los efectos económicos provocados por la guerra en Ucrania.

A este respecto, indicó que, “aunque somos uno de los países con menor dependencia energética de Rusia, es evidente que no estamos a salvo del encarecimiento de los precios de la energía”.

Sobre el refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, la ministra explicó que persigue reducir el impacto energético vinculado a los desplazamientos y que serán las subsecretarías de los ministerios las que determinarán que trabajadores serán susceptibles de acogerse a esta medida.

De esta forma, cada ministerio o entidad estatal deberá aprobar un Plan de Trabajo que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello.

Por razones organizativas debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia. Asimismo, con carácter excepcional, se podrán establecer otros sistemas de trabajo a distancia. En todo caso, el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal.

La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.

OTRAS MEDIDAS

Otro grupo de iniciativas incluidas en el plan persigue la racionalización del uso de las instalaciones y los edificios públicos aplicando horarios de apeado y encendido de las instalaciones y de los equipos.

También se reducirá el nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios públicos y se establecerán limitaciones de temperatura más exigentes que las actuales.

Por otro lado, el Gobierno quiere que los distintos ministerios identifiquen las mejorares ubicaciones para instalar plantas fotovoltaicas en las dependencias públicas para incrementar las posibilidades de autoconsumo eléctrico.

En cuanto a la movilidad, la Administración deberá facilitar e incentivar el uso del transporte público entre sus empleados, así como de la bicicleta, instalando aparcamientos seguros para este tipo de vehículos.

Por último, el plan incluye medidas de sensibilización como impartir cursos gratuitos sobre el uso eficiente de la energía y la movilidad entre los empleados públicos.

Para llevar a cabo todas estas medidas, el Gobierno creará un grupo interministerial que contará con el apoyo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).