Cuenta con cuatro ejes de actuación: actualización y consolidación del marco de responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista (25 medidas); sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista (148 medidas); protección, seguridad, atención y reparación integral (80 medidas); y respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garantía de los derechos (14 medidas).

Entre las medidas destacan el diseño de un sistema de rendición de cuentas; el establecimiento de mecanismos para la evaluación del grado de satisfacción de las mujeres víctimas y supervivientes que acceden a los recursos; el impulso de proyectos de de prevención de todas las formas de violencias machistas en centros educativos; la implementación del instrumento validado estandarizado para facilitar la detección de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud; la firma de convenios con Colegios profesionales de Psicología, de Trabajo Social, de Educación Social y Criminología y Universidades para que los agresores puedan recibir intervenciones de profesionales especializados; o la garantía de recursos habitacionales con un nivel de alojamiento de una plaza por cada 10.000 habitantes.

Desde la finalización en el año 2016 de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, solo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género constituye la política pública estatal que rige la acción de Gobierno en la lucha contra las violencias machistas. Con esta nueva estrategia se incluyen nuevas acciones en áreas como la violencia digital, la mejora de datos estadísticos sobre diferentes feminicidios, el trabajo en masculinidades o la reparación de las víctimas.