El decreto, que modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por otro decreto de abril de 1986, permite, según el Ejecutivo, desarrollar una nueva política del agua "basada en una gestión más moderna y eficiente de los recursos".

Con la utilización del agua depurada se obtiene un recurso no convencional que permite liberar agua de mejor calidad para otros usos, explica el Gobierno.

"Se trata de potenciar el desarrollo sostenible, proporcionando un recurso escaso y necesario, como es el agua, a la vez que se mantiene un equilibrio con la protección de la salud humana y el medio ambiente", indica el Gobierno.

El decreto establece los mecanismos legales que permiten disponer del agua residual depurada como recurso alternativo, a la vez que impulsa planes de reutilización y de uso más eficiente del recurso hídrico.

La norma define el concepto de reutilización, introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas y los procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley, e incluye disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso.

Además, recoge los criterios de calidad mínimos obligatorios exigibles para la utilización de las aguas regeneradas según los usos.