Estos dos proyectos de ley se remitirán, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Una vez promulgadas ambas leyes, y previa comprobación de que se han cumplido los compromisos adquiridos por la entidad titular, se concedrá la autorización para la puesta en marcha de ambas universidades y se homologarán los títulos oficiales que expidan.

La creación de universidades, públicas y privadas, es un derecho reconocido en la Constitución española y en la Ley de Reforma Universitaria (LRU), donde se expone que la actividad de la universidad se fundamenta en la libertad académica y se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

Actualmente existen en nuestro país tres universidades privadas, "Rmón Llull", "San Pablo-CEU" y "Alfonso X El Sabio", a las que se sumarán los dos nuevos centros: "Universidad Europea de Madrid" y "Antonio de Nebrija".

La denominada "Universidad Europea de Madrid" se crea a partir del actual Centro de Estudios Superiores (CEES) y tendrá su campus en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Esta universidad contará inicialmente con 8 facultades y tres escuelas superiores e impartirá, en tres fases, un total de 21 titulaciones.

La Universidad "Antonio de Nbrija" tendrá dos campus, uno en la localidad de Hoyo de Manzanares, también en la Comunidad de Madrid, y otro en la Dehesa de la Villa, en la capital. Este centro privado tendrá cuatro facultades y una escuela técnica superior e impartirá 14 titulaciones.

GARANTIAS PARA LOS ALUMNOS

Los alumnos que deseen cursar sus estudios en las universidades privadas deberán superar las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad, la denominada Selectividad.

Por otra parte, las universidades privadasdeberán mantenerse en funcionamiento, al menos, durante el período de tiempo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento académico normal, los hubieran iniciado en ella.

Además, estos centros no deberán establecer normas en el acceso y permanencia de los alumnos que supongan discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.