El Gobierno aprobó un real decreto que revisa los planes hidrológicos hasta 2027 en 12 demarcaciones intercomunitarias de competencia estatal (Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro), que abarcan el 86% del territorio y aglutinan el 65% de la población, así como en Galicia Costa y Baleares. También avaló cada uno de esos nuevos planes hidrológicos y solo queda su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que se pongan en marcha.

El proceso de elaboración de esos planes hidrológicos, complejo y con la participación de múltiples actores, comenzó a finales de 2019 y se ha prolongado durante más de tres años. Solamente quedan pendientes las revisiones de los de Andalucía, Canarias y Cataluña.

El plan del Tajo ha suscitado las protestas tanto de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia, que han presentado alegaciones ante el Consejo de Estado, como de regantes levantinos (más de 6.000 se concentraron el pasado 11 de enero frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y una concentración este martes frente al Palacio de la Moncloa).

Finalmente, el Gobierno ha decidido establecer caudales ecológicos en el Tajo, ya que así lo establecen cinco sentencias condenatorias del Tribunal Supremo desde 2019. Actualmente, ese río tiene unos caudales mínimos -que no ecológicos- que en su paso por Aranjuez (Madrid) es de seis hectómetros cúbicos por segundo (hm3/s).

“NINGÚN RIESGO”

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mostró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el "compromiso total" del Ejecutivo con el Levante y señaló que se fija "por primera vez" un caudal ecológico para el río Tajo "precisamente para garantizar la buena gestión" del agua y recalcó que su aplicación "obliga a imaginar" que no haya "ningún riesgo" en la disponibilidad hídrica en las provincias que se benefician del trasvase Tajo-Segura.

El nuevo plan hidrológico del Tajo prevé un caudal ecológico en Aranjuez de 7 hm3 en 2023, 8 hm3 en 2026 y 8,65 en hm3 en 2027. Se trata del único río que no tendrá caudales ecológicos desde el primer momento, como el resto de las cuencas hidrográficas. Ello es, según Ribera, por "conciliar los requerimientos legislativos con el impacto social, económico y ambiental", y para dar tiempo a que las inversiones se pongan en marcha.

Además, Ribera indicó que en "el peor de los escenarios" la "reducción máxima" del agua trasvasada oscilaría entre 70 y 110 hm3, cuando las inversiones del Gobierno en desaladoras, agua desalada y programas de eficiencia en regadíos permiten disponer "como mínimo" de 140 hm3, lo que sería "un volumen superior al agua que como muchísimo se dejaría de poder trasvasar como consecuencia de la aplicación del caudal ecológico, incluso en escenarios de sequía".

Los nuevos caudales ecológicos supondrán, en la práctica, reducciones en la transferencia de agua del Tajo al Segura. Entre 2014 y 2018 se trasvasaron 829 hm3 (cerca de la mitad para abastecimiento urbano y la otra mitad para regadío), si bien entre junio de 2017 y marzo de 2018 no hubo agua transferida por escasez de lluvias. Y desde 2018 hasta 2022 esa cifra ascendió a 1.229 hm3.

Con los nuevos caudales ecológicos del Tajo, el trasvase de agua al Segura seguirá determinado por factores meteorológicos, es decir, de que llueva o no se produzcan sequías. "¿Quién define en cada momento el volumen de agua que se trasvasa? No va a ser el caudal ecológico del Tajo, sino fundamentalmente la meteorología", según fuentes de Transición Ecológica.

Además, el agua disponible en las demarcaciones hidrográficas en España ha disminuido un 12% desde la década de 1980, según Ribera, quien destacó que las previsiones de cambio climático indican que ese proceso de reducción de agua disponible ascenderá a entre un 12% y un 14% más hasta 2050.

En paralelo, Transición Ecológica impulsará el agua desalada en las plantas desaladoras repartidas por el área levantina implicada en el trasvase Tajo-Segura, de manera que prevé invertir 827,6 millones de euros (386,9 millones en Murcia; 288,4 millones en Alicante, y 152,3 millones en Almería).

Así, habrá 450 millones para desaladoras (231,3 millones en ampliar la capacidad de salación y 236,7 millones en instalación de energía fotovoltaica); 97,6 millones para impulsar energía fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó; 220 millones para interconectar desaladoras y 60 millones para agua reutilizada en Alicante. Esas actuaciones se licitarán este año y previsiblemente finalizarán antes de junio de 2026.

Uno de los hándicaps del agua desalada es su coste energético, por lo que el Gobierno pondrá en marcha un plan para que cada planta desaladora tenga un parque fotovoltaico, de manera que en 2025 podría haber hasta 110 hm3 más de agua en Alicante, Almería y Murcia.