El importe de la convocatoria asciende a 300 millones de euros, que se ejecutarán entre los años 2022 y 2024. De este total, 75 millones de euros corresponden al ejercicio 2022, 105 millones de euros al ejercicio 2023 y, finalmente, 120 millones al ejercicio 2024.

"Esta oferta que formulamos forma parte de lo que se conoce como la formación a demanda de las empresas, es decir, que ellas mismas presentan proyectos concretos de formación en cada uno de los sectores y de cada una de las realidades territoriales en las que se encuentran. Por tanto, basadas ‘a la carta’ en cada una de las actuaciones que precisen", detalló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ministros.

En los programas de formación previstos podrán participar prioritariamente las trabajadoras y los trabajadores ocupados. Las personas en situación de desempleo podrán beneficiarse también, siempre que no superen el 30% del total de participantes.

Tendrán prioridad en el acceso a la formación las personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las personas trabajadoras afectadas por la activación del Mecanismo RED, las personas menores de 30 años, las mujeres, las y los mayores de 45 años, las personas con discapacidad, las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación, las personas trabajadoras desempleadas de larga duración, las personas trabajadoras de pymes, las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial y de personas trabajadoras con contrato de duración determinada.

Además, según Trabajo, “se consideran áreas prioritarias de esta convocatoria las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con los sectores productivos que tengan regulaciones específicas”.

Estas subvenciones tienen como finalidad financiar programas de formación de ámbito estatal destinados prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales que requieran para mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

Además, también se destinarán a formación para mejorar las competencias que permitan la adaptación a los cambios necesarios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras.

“Por tanto, se trata de que las personas trabajadoras gocen de una mejor capacitación y recualificación que les permita mejorar su empleabilidad”, resumió el Ministerio.