Esta medida se aprobará simultáneamente a la regulación de la vdeovigilancia. El contenido de la ley, según las fuentes consultadas, ha sido negociado por el Ministerio de Interior con el Consejería de Interior del Gobierno vasco en una serie de conversaciones mantenidas entre sus respectivos titulares, Jaime Mayor Oreja y Juan Maria Atutxa.

El Partido Popular considera que este tipo de medidas son "muy positivas, porque todo lo que sea pasar de las palabras a los hechos es bueno, porque lo que está demandando desde hace mucho tiempo la sociedad vasca".

A ese respecto, Atutxa declaró hoy al diario "El País" que "la mayoría de las veces los alborotadores son insolventes. Pero cuando se trata de menores de edad sí hay algunas vías por las que podemos actuar. !Pobres de los padres que piensen, cuando sus hijos salen a divertirse, que la seguridad es sólo cosa de de la Ertzaintza! Tienen que preocuparse más de dónde y con quién han estado. Porque si un hijo comete desmanes, los padres tendrán que asumir la responsabilidad económica y verán afectadas sus posesione o una parte de su nómina, según la proporción que determina la ley que ahora estamos preparando".

La nueva norma pretende corregir situaciones como las creadas por un caso reciente en el que un joven incendió un coche de la Ertzaintza y fue condenado a realizar 36 horas de trabajo a favor de la comunidad, pero no estableció ninguna compensación económica, por entender que eso debía reclamarse por la vía civil.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Vizcaya, Nicolás Redondo Terreros, se ostró de acuerdo con los objetivos de esta ley y dijo que las familias tienen gran responsabilidad en las acciones de sus hijos.

Redondo Terreros declaró a Servimedia que considera lógico exigir a los padres que paguen los destrozos realizados por sus hijos, y añadió que comparte los argumentos dados por los consejeros vascos de Interior, Juan María Atutxa, y de Justicia, Ramón Jáuregui.