El debate de totalidad del proyecto de ley, presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue seguido desde las tribunas de invitados y una sala del Congreso de los Diputados, habilitada para ello por la falta de espacio en las tribunas, por un grupo de represaliados y y familiares de víctimas del franquismo.

En su intervención, la vicepresidenta aludió al poeta Mario Benedetti quien, tras la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, dijo que "la muerte ha ganado a la justicia", y pidió a los grupos que apoyen el proyecto para que "al horror de tanta muerte, tanta humillación y tanta represión injusta, no añadamos el oprobio del olvido".

"Ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores", ni para "determinar o implantar una supuesta memoria colectiva", subrayó Fernández de la Vega en su defensa del proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Este proyecto, explicó, continúa una "acción reparadora de la transición que se extendió con nuestra democracia", por lo que la afirmación de que "nada se hecho por la reparación es injusta, no para el Gobierno, sino para todo un país que se esforzó por reintegrar los derechos y protección social a quienes habían sido tan injustamente excluidos".

"Nos honra como pueblo reconocer la arbitrariedad de toda violencia y nos engrandece como sociedad democrática facilitar la recuperación de la memoria personal", prosiguió, "lo que supone reparar públicamente el honor de los españoles que han sufrido, además de la injusticia, la privación de ver cómo no se recupera su memoria ni el recuerdo de sus allegados".

Fernández de la Vega remarcó que "memoria e historia no son lo mismo, es por eso que el Gobierno no ha pretendido en ningún momento con este proyecto ni reconstruir la historia ni instituir la memoria", pero sí "consagrar, proteger y posibilitar el derecho de toda persona a su memoria individual", saldar la "deuda de la injusticia" y restablecer los derechos de las víctimas.

"TORPEDO" A NUESTRO RÉGIMEN

En nombre del PP, Manuel Atencia aseguró en su intervención que esta ley "es un torpedo en la línea de flotación de nuestro régimen" puesto que pretende "hacer revisionismo de la historia en vez de asumirla en su integridad como se hizo en la transición".

El PP sospecha que el Gobierno "trata de usar el pasado como arma política" y promueve de manera irresponsable una "división" que se superó "con la transición, la reconciliación nacional y la Constitución de la concordia".

Atencia aseguró que este proyecto es "falsario e hipócrita" porque supone la ruptura del consenso que dió lugar la democracia y establece un derecho "inédito" en la legislación internacional sobre derechos humanos.

Para el PP "reconciliación y concordia no tiene nada que ver con remover el barro" y por ello pidió al Gobierno que retire el proyecto de memoria histórica que hoy se debatía en el Congreso.

"FRUSTRANTE"

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, considera el proyecto del Gobierno "absolutamente frustrante" porque no revoca los jucios sumarísimos, deja a la iniciativa particular la recuperación de la memoria y no establece una estrategia de Estado para convertir los escenarios de la represión en espacios para la recuperación de la memoria.

Herrera recordó que "el genocidio franquista alcanzó a más de 300.000 personas a las que hay que añadir más de 30.000 desaparecidos". Reconoció que el perdón y la reconciliación fueron necesarios para la restitución de la democracia pero estas ideas deben ir unidas a los conceptos de memoria y justicia.

"El problema no fue el perdón", dijo, "sino el olvido posterior". Rechazó el argumento de quien quiere identificar la memoria republicana con "revanchismo" y denunció el "curioso revisionismo histórico que exculpa el levantamiento" y oculta que fue "un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo y democrático".

Herrera insistió en que, mientras en otras latitudes los espacios de represión se convierten lugares de recuperación de la memoria histórica, de explicación del genocidio y de divulgación de la lucha contra el represor, "aquí el Gobierno no dice que simplemente no se podrán hacer actos de exaltación de la Guerra Civil ni de sus protagonistas, incluyendo a los que lucharon por la democracia".

Por todo ello, IU-ICV mantiene su enmienda a la totalidad con texto alternativo que evita "la equidistancia" y busca el reconocimiento de las víctimas republicanas. Herrera dijo a Zapatero que está en su mano que esta ley deje de ser de "frustración y resignación", para que pase a ser de "esperanza y justicia" y sirva para construir una "democracia más sólida".

"AMARGA DECEPCIÓN"

El portavoz adjunto de ERC, Joan Tardà, quien defendió su enmienda a la totalidad con texto alternativo, expresó su "amarga decepción al constatar que el Gobierno ha sucumbido ante el creciente protagonismo de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y la judicatura".

"La que podemos denominar 'Ley Zapatero' de memoria histórica ha herido intensamente a las víctimas del franquismo y a ERC, ningún Partido Socialista homologaría su proyecto por tratar como trata los crímenes contra la paz y los derechos humanos", apuntó.

Advirtió al jefe del Ejecutivo de que "lo que está en cuestión no es la dignidad de los represaliados del franquismo, porque nadie puede dudar de su ejemplaridad, lo que está en juego es el carácter criminal de las leyes franquistas, que respondían a una voluntad de exterminio de la democracia y de genocidio cultural".

Para terminar, Tardà emplazó al presidente del Gobierno a propiciar una ley sobre memoria histórica de la que se puedan enorgullecer sus nietos, como hizo el propio Rodríguez Zapatero cuando leyó el testamento de su abuelo.

En su turno de réplica, la vicepresidenta acusó al PP de estar "instalados en el no", y aseguró que "la justicia es el mejor cicatrizante de las heridas", para resaltar que la transición, pese a realizarse desde el "rigor, el compromiso y la coherencia", dejó cicatrices que esta ley trata de "mitigar".

"DAÑOS IRREPARABLES"

"Es un día importante en ese camino, espero que este proyecto avance y se apruebe", recalcó Fernández de la Vega, quien dijo a IU-ICV y ERC que le es "imposible entender" que consideren insuficiente una "declaración tajante de injusticia para las decisiones dictadas sin ningún tipo de garantías".

Recalcó que "no es un problema de debate jurídico, sino político, y va más allá de lo que ustedes piden, porque viene a establecer la injusticia de todo lo que ocurrió, con sentencia y sin sentencia".

Concluyó que hay "daños que nunca se pueden reparar", como el dolor de aquéllos que sufrieron la persecución y la violencia", y cuyo "sacrificio, silencio y generosidad nos han permitido que hoy estemos viviendo los mejores años de nuestra historia".

Una vez concluido el debate, la enmienda de devolución del PP fue rechazada por el resto de los grupos parlamentarios, y tampoco salieron adelante las enmiendas con texto alternativo de IU-ICV y ERC, con el voto en contra de PSOE, PP y Coalición Canaria, y la abstención del PNV, con lo que el proyecto continuará su tramitación en el Congreso.