Fuentes cercanas al presidente se muestran confiadas en que, “tarde o temprano”, el juez Juan Carlos Peinado archive la causa que afecta a su esposa.

El núcleo cercano a Sánchez se aferra a un recurso pendiente por resolver en la Audiencia Provincial de Madrid, y en cuya redacción se habla de “investigación prospectiva”.

Se trata de un término que el Gobierno viene utilizando estos días para criticar que el juez instructor no está precisando de causas específicas para acusar a la esposa de Sánchez y “todo le resulta bueno para investigar, hasta su niñez”, señalan con ironía fuentes gubernamentales.

“Está ignorando la exigencia procesal de que existan indicios específicos y, sinceramente, a día de hoy seguimos sin saber de qué se le acusa a Begoña Gómez”, esgrimen.

Las mismas fuentes apuntan que las últimas diligencias “son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso". “Por eso serán recurridas, como lo hemos hecho con el resto”, señalan.

Asimismo, criticaron que, por ejemplo, el propio Sánchez tuvo conocimiento de su llamada a declarar por el abogado de su esposa. A las 14:00 del martes, todavía no habían recibido la petición por parte del juez, señalan las mismas fuentes.

Desde el Gobierno manifiestan su sorpresa con la decisión de Peinado de llamar a Sánchez para que testifique en calidad de marido de Gómez y no como presidente del Gobierno. Explican que el juez sabe perfectamente que Sánchez tiene derecho a no declarar, como hizo su esposa, Begoña Gómez.

Ella pudo hacerlo porque está investigada, y Sánchez podría acogerse a la salvedad que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para los familiares directos de una persona imputada, aunque esté citado como testigo.

Asimismo, critican el hecho de que Peinado rechace la posibilidad de declarar por escrito, como es habitual en los casos de miembros del Gobierno citados como testigos en una instrucción, y recuerdan que el expresidente Mariano Rajoy “sí que lo hizo así”.

Que la declaración sea grabada, para las fuentes del Gobierno consultadas, significa “una prueba” de que el juez no busca avanzar en el procedimiento, sino una “maniobra de desgaste” al presidente.

De esta manera, Moncloa confía en agotar los recursos y desde el punto de vista político insistirá en unir este caso con una “maniobra de la derecha y la ultraderecha”, tal y como vienen defendiendo varios ministros a lo largo de la semana.

Fuentes del Gobierno asumen que el caso se puede alargar, pero “no hay dudas” de que “se acabará archivando”, señalan.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ya ha presentado recurso contra la citación del presidente del Gobierno, al igual que ha hecho la Fiscalía. Está pendiente todavía la resolución del recurso ante la Audiencia Provincial del pasado 9 de julio, en la que el letrado pide el archivo de la causa.

El abogado de Begoña Gómez recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Peinado en el que le informaba de que estaba investigando “todos los actos, conductas y comportamientos” que había mantenido desde que su marido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno.

En su escrito de apelación, el letrado sostiene que el instructor está realizando una investigación "prospectiva e inquisitorial", que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional prohíben expresamente. Camacho argumenta que “en un Estado de derecho avanzado como el nuestro” no cabe la investigación de “toda la vida de mi representada, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. En definitiva, que no cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.

La defensa de Gómez volvía así a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid que ya se pronunció sobre esta investigación el pasado 29 de mayo, estableciendo que de entre los hechos denunciados por Manos Limpias tan sólo se debía aclarar lo relativo a los contratos del ente público Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios.

Camacho defiende que no hay indicios delictivos que justifiquen continuar esta instrucción y, por tanto, “mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía europea".

FISCALÍA

No es el único recurso que está pendiente de resolución. La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial acusando al juez de haber incurrido con su instrucción en una “deriva“ por la "amplísima" dimensión de esta causa “general” basada en datos generales con “falta de concreción”.

El Ministerio Público acudía así a una instancia judicial superior al Juzgado de Instrucción número 41 con la tesis de que su titular ha sobrepasado los hechos a los que acotó el procedimiento la propia Audiencia Provincial de Madrid al practicar diligencias sin aclarar las razones que hacen procedente esta investigación judicial contra la mujer del presidente.

La Fiscalía afeaba al instructor que investigue “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España”, con excepción de los contratos públicos financiados con fondos europeos que están en manos de la Fiscalía Europea.

El recurso critica que pese a que el juez respondió al requerimiento de Gómez para saber los motivos de su investigación, no lo hizo de manera concreta, lo que constituye una “dificultad” para que la mujer del presidente comprenda el “objeto fáctico” de las diligencias. La Audiencia de Madrid no tiene plazo prefijado para resolver los recursos.