Así consta en una comunicación escrita a la que ha tenido acceso Servimedia de la actual ministra, Mónica García, en respuesta al informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de fiscalización de los sistemas de información de Sanidad y Salud Pública entre los años 2019 y 2021.

Los hechos a los que se refiere la ministra corresponden a abril de 2022, cuando la socialista Carolina Darias estaba al frente de este departamento y el uso de mascarillas aún era obligatorio con carácter general en espacios interiores. Con fecha 12 de abril, “se dio la orden de distribuir 104.814.000 unidades de mascarillas quirúrgicas a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para su entrega a la Federación Española de Municipios y Provincias y a entidades sociales”.

El problema surgió cuando, apenas dos semanas después, se detectó que “las fechas de fin de vida útil de este material se encontraba próximo a cumplirse”, pues tenían establecido como límite el mes de junio de ese mismo año. Por ello, desde el Ministerio, “con fecha 29 de abril se remitió nueva comunicación” a los destinatarios alertando de que “debía procederse a su retirada y sustitución”.

Para ello, el Ejecutivo indicaba los datos técnicos del material afectado, como el tipo de mascarilla quirúrgica, el proveedor que lo había suministrado, los números de lotes y la fecha exacta de caducidad.

El Ministerio de Sanidad ha reconocido ahora ante el Tribunal de Cuentas que aquella circunstancia supuso un problema importante “dado que se trataba de una cantidad muy elevada de mascarillas”, superior a los 104 millones de unidades. Además, el envío se había realizado “a todo el territorio nacional” y habían transcurrido “casi tres semanas” entre las dos comunicaciones.

“La gran mayoría ya se había enviado”, así que el proceso de recuperación “fue largo y laborioso” para tratar de hacerse de nuevo con material sanitario “próximo a caducar” que podía poner en peligro de la vida de muchas personas. El Gobierno reconoce que “en algunos casos, el material recibido en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ya se había repartido a sus destinatarios finales, que habían empezado a consumirlo dentro de su periodo de vida útil”.

DESFASE DETECTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS

La ministra Mónica García aporta toda esta explicación como alegación a un desfase de 6,6 millones de mascarillas detectado por el Tribunal de Cuentas respecto a las existencias que el propio Ejecutivo decía tener en aquella época de la pandemia y las que contabilizaba haber repartido para proteger a la población.

Según su versión, “las razones específicas que podrían explicar las supuestas discrepancias en los datos de existencias de mascarillas quirúrgicas se derivarían de esta operación, dado que el periodo de retirada y reposición de este stock fue muy complejo y que una parte del mismo no pudo retirarse porque ya había sido repartido y utilizado”.

La ministra Mónica García minimiza así el desfase de cifras detectado por el Tribunal de Cuentas y asevera que la “mayor parte” de la “discrepancia” corresponde a un “defecto de existencias” de los contratos adjudicados a la empresa FCS Select Products S.L. En concreto, achaca a esta circunstancia la falta de 6.163.750 mascarillas de las 6.602.500 mencionadas por el organismo fiscalizador.

Sostiene que, de las 104.814.000 unidades de mascarillas que se mandaron a ayuntamientos y entidades sociales a punto de caducar, 77.966.000 procedían de la empresa FCS Select. Esta empresa catalana ha estado investigada por la Fiscalía Anticorrupción porque en plena pandemia multiplicó por 200 sus ingresos gracias a la firma de cuatro contratos de 263 millones con el entonces ministro Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, sus cuentas no han sido presentadas ante el Registro Mercantil y ha sido sancionada por ello.

Las alegaciones de la actual ministra Mónica García ante el Tribunal de Cuentas concluyen que el desfase de 6,1 millones de mascarillas con esta empresa suponen una cantidad reducida del volumen manejado por el Ministerio en tiempos de Carolina Darias, dado que apenas representa el “0,9% de las adquiridas”.

Finalmente, respecto al baile de cifras, responsabiliza a la empresa adjudicataria de la gestión logística por “posibles desajustes a la hora de reflejar los detalles de esta operación en las correspondientes hojas de cálculo”. Además, añade que “no era objetivo de las hojas de cálculo” en manos del Ministerio “tener una perfecta trazabilidad de los productos, ya que para ello se contaba con el sistema de información de la empresa logística”.