Entre sus principales novedades destaca la ampliación del ámbito de aplicación de la norma, la modificación de procedimientos de gestión de la seguridad en las infraestructuras viarias o el refuerzo de la consideración de los usuarios vulnerables de la vía pública en dichos procedimientos.

Con todo ello, se pretende, entre otros objetivos, garantizar un incremento del nivel de seguridad en la Red de Carreteras del Estado y alcanzar los objetivos comunitarios de reducción de víctimas en accidentes de tráfico en las próximas décadas, con la consiguiente mejora de la seguridad vial.

De esta forma, se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 por la que se modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.