El objetivo del Gobierno es que estos profesionales cumplan con los requisitos para desarrollar esta labor y se puedan así garantizar tres aspectos: crear un mercado único de servicios financieros, adaptar dicha actividad a la realidad del mercado y ofrecer mayor transparencia en la información y elevar la protección al consumidor.

Además, los mediadores de seguros y reaseguros españoles van a poder operar en los países del Espacio Económico Europeo en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios, mientras que España se abrirá a los mediadores de otros Estados miembros.

El Proyecto de Ley regula la figura del agente de seguros vinculado a varias compañías de seguros y también se aclara esta actividad a través de las redes de distribución de las entidades de crédito, bajo la denominación de operadores de banca-seguros, que contempla una realidad consolidada del mercado español, dotándola de mayor transparencia.

Se establece la exigencia de un registro único, como mecanismo indispensable para la protección del consumidor. En dicho registro, que estará actualizado y será de fácil acceso para los ciudadanos, figurarán sólo los mediadores que hayan acreditado los requisitos profesionales exigidos.

Finalmente, con el fin de incidir en la protección de los clientes de los servicios de mediación, se establece la obligación de disponer de un servicio de atención al cliente o de un defensor del asegurado.

El proyecto también recoge el régimen de infracciones y sanciones administrativas específico de la actividad de mediación de seguros.