El Gobierno trabaja desde el inicio de la legislatura por los derechos de los menores, especialmente frente a la violencia machista. En este tiempo, el departamento dirigido por Ione Belarra y el Ministerio de Igualdad han centrado sus esfuerzos en fortalecer la capacidad de las comunidades autónomas con itinerarios concretos para los menores frente a la violencia, según informaron a Servimedia fuentes de Derechos Sociales.

Esta vocación se traduce en la recientemente aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que incorpora en su articulado la realización de protocolos específicos para los centros de menores, y en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que incluye las Casas de Infancia.

En los últimos tiempos, han surgido distintos escándalos relacionados con la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, que han levantado una prolija polvareda mediática y política.

Ante esta situación, las fuentes consultadas por esta agencia explicaron que Derechos Sociales e Igualdad tienen previsto abordar en una conferencia sectorial con las comunidades, “respetando las competencias autonómicas”, un protocolo de plan de choque en los centros de protección de la infancia contra “todas las violencias machistas”, incluyendo la explotación sexual, enfocado en la detección precoz y priorizando la protección del menor.