Así se lo garantizó el Ministro del Interior, José Luis Corcuera, a una delegación de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) que le visitó en su despacho oficial, a primeras horas de esta tarde.

Al encuentro, que se prolongo por espacio de unas dos horas, asistieron el presdente de la federación, José Maldonado; su tesorero, Francisco Martos, y el representante de la entidad en Jaén, Constantino Cortés. También acudió el gobernador civil de Jaén, Joaquín Iñiguez.

Los delegados gitanos calificaron la entrevista como "muy satisfactoria" y recalcaron la actitud positiva de Interior al informarles que los gitanos podrán ejercer mañana su derecho al voto, para lo que dispondrán de "protección policial suficiente", según les explicó el propio José Luis Corcuera.

También es aseguró que los gitanos afectados recibirán compensaciones económicas por los bienes que perdieron y que les arreglarán las viviendas que les destruyeron sus vecinos.

Según explicó Joaquín Iñiguez tras la entrevista, las familias gitanas han decidido regresar a Mancha Real definitivamente, siempre y cuando les garanticen la seguridad y protección que necesitan.

RESPONSABILIDADES JUDICIALES

Los dirigentes de la FARA anunciaron que iniciarán en breve un proceso judicial contra el alcalde de Macha Real, Alfonso Martínez de la Hoz, del PSOE, y los más directamente implicados en los sucesos del 19 de mayo, cuando una manifestación multidunaria de vecinos que encabezaba el propio alcalde, concluyó con el saqueo y la destrucción de seis casas de gitanos.

Francisco Martos señaló que, además, la FARA exige la dimisión del primer edil de Mancha Real y se mostró sorprendido porque no haya todavía ningún detenido en relación con los hechos, "cuando se conoce perfectamente quiénes participaron en el uceso", recordó.

Martos manifestó que no entiende actitudes como la del alcalde de Mancha Real -"tiene de socialista lo que yo de obispo", dijo- y que el problema es que si el partido no le expulsa antes de las elecciones, la población votará mayoritariamenten al PSOE y saldrá reelegido.

Puso el énfasis en destacar que sus asociaciones no han recibido todavía ningún tipo de disculpa por parte del ayuntamiento y que sólo han mantenido contactos con el gobernador de Jaén, Joaquín Iñiguez.

PLAN DEPREVENCION

Indicó así mismo que propusieron a José Luis Corcuera la creación de un plan de prevención del racismo destinado a las poblaciones de Andalucóa oriental que cuenten con una fuerte presencia de vecinos gitanos.

Según ese representante de la FARA, sólo en la provincia de Jaén viven en la actualidad cerca de 20.000 gitanos, en tanto que denunció un claro crecimiento de los graves problemas raciales que persisten en toda la región de Andalucía occidental.

Más adelante, dio cuenta de cmo hasta la FARA han llegado rumores de que en numerosas localidades andaluzas, representantes de la población paya preparan acciones de violencia en contra de los gitanos.

E incluso citaron los casos de las villas granadinas de Atarfe y Fuentevaqueros, enlas que se habrían recogido unas 10.000 firmas para negar el censo a varias familias gitanas que habitan en sus términos municipales desde hace tiempo.

Ante lo grave de esta situación, anunciaron que dentro de unos diez días, volverán a reunirsecon Corcuera para tratar de elaborar ese programa de prevención del racismo contra los gitanos.

PASIVIDAD DE LA GUARDIA CIVIL

En cuanto a la pasividad de la Guardia Civil, que no intervino contra los manifestantes para impedir la consumación de los graves incidentes del pasado domingo, los delegados gitanos recibieron de los responsables de interior la tesis oficial que han defendido hasta la fecha: la intervención de la fuerza pública habría provocado, en aquellas circunstancias, una tragedia de cosecuencias insospechadas.

Frente a aquella perspectiva de graves incidentes, la Guardia Civil sólo recibió la orden de desalojar a los gitanos de sus casas, una vez confirmado el talante violento de la manifestación de vecinos organizada para protestar contra la muerte por apuñalamiento de un payo a manos un gitano, en el curso de una reyerta entre personas de los dos colectivos.

Los responsables de interior insistieron en que resultó preferible la solución del desalojo de los gitanos y correr elriesgo de sacrificaar bienes y casas, que recurrir a la represión de los manifestantes (unas siete mil personas en un pueblo de poco más de nueve mil habitantes), lo que seguramente habría provocado un fuerte coste en desgracias personales.