En un comunicado, la UPF sñala que las declaraciones de Jesús Gil "resultan especialmente graves tanto por su contenido como porque constituyen un ataque injustificado a la Fiscalía Anticorrupción, una institución especialmente relevante para la defensa del Estado de Derecho, encargada de la persecución de los delitos cometidos por personas y grupos con un gran poder económico y mediático".

Para los fiscales progresistas, "resulta evidente que estas declaraciones calumniosas e injuriosas tienen como finalidad, más que ofenderlos funcionarios afectados, motivar que éstos denuncien los hechos, lo cual determinaría que tuvieran que apartarse de todas las actuaciones contra Jesús Gil por incurrir en una causa de recusación o abstención".

Además de la inmediata intervención del fiscal general del Estado iniciando la apertura de diligencias por si las declaraciones de Gil pudieran ser constitutivas de delito, esta asociación considera necesario que se efectúen las modificaciones oportunas para que se puedan sancionar estos hecos.

Según la UPF, "en la actualidad, y al haber desaparecido la figura delictiva del desacato, las calumnias e injurias proferidas contra funcionarios sólo pueden perseguirse previa denuncia del ofendido, y de formularla dicho funcionario, incurriría en causa de recusación y abstención".

"Nuestra asociación" subraya el comunicado, "no defiende resucitar el tipo delictivo del desacato, pero para evitar que hechos como el que nos ocupa queden impunes debería eliminarse este requisito de perseguibildad cuando afecte a funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, permitiendo la actuación de oficio por parte del Ministerio Fiscal sin el requisito de la denuncia del ofendido".