El escrito de Jesús Gil, al que tuvo acceso Servimedia, consta de cinco folios, y entró en la Cámara en la tarde del miércoles, apenas unas horas después de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, expusiera ante la Comisión el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella.

"En los anales del Tribunal de Cuentas jamás se ha producido, y mucho menos por encargo del Congreso y del Senado, una fiscalización de alguna de las corporaciones locales de las qu existen en este Estado. Y mucho menos, tan prolongada en el tiempo, alcanzando la nada despreciable suma de nueve años", comienza el escrito.

"El origen del mandato de la fiscalización", añade, "su forma de iniciarse, la manera de llevarse a cabo, y, como se verá, el modo de concluirla, demuestra a las claras que se trataba de una fiscalización política, con la única finalidad de, no ya comprobar y analizar las cuentas del municipio que represento, sino más bien de resaltar lo que aún siendo legal puda ser irregular por imcumplimiento de trámites burocráticos".

Acusa a continuación a los miembros de este órgano fiscalizador de "dejar de cumplir el mandato de la propia Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas", para acatar "el mandato político que tenían a fin de no examinar la brillante gestión del equipo de gobierno que presido".

60.000 DOCUMENTOS

Gil asegura que, una vez conocido el primer borrador de informe, remitió al Tribunal de Cuentas un escrito de alegaciones de cerca de 800 olios acreditadas por más de 60.000 documentos, para demostrar que las irregularidades denunciadas "no sólo no eran ciertas, sino que además adolecían de una parcialidad manifiesta que las hacían faltas de la objetividad necesaria y exigible" a este organismo.

Sin embargo, explica, el nuevo proyecto de informe, dado a conocer un mes y medio después, sólo recogió el diez por ciento de esas alegaciones, y rechazó el 99 por ciento de los documentos acreditativos.

A su juicio, el escaso tiempo empleao en redactar ese nuevo informe demuestra que "ni siquiera se han leído el contenido" de las alegaciones y los documentos.

Esto no es más "que un acto acreditativo de la misión política que el Tribunal de Cuentas tenía encomendada y que, sin duda alguna, a la vista del informe concluido, ha cumplido a la perfección", asegura.

"No sólo ello no es entendible, sino que, además, si se pone en relación con el origen de la fiscalización, la actitud de los miembros del Tribunal de Cuentas durante la misa, y el declararla concluida cuando aún el Ayuntamiento de Marbella se encontraba pendiente de presentar innumerables documentos, (es decir, de forma unilateral), acreita el sentido político de la fiscalización".

Jesús Gil enumera a continuación una retahíla de ejemplos concretos de "circunstancias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas como irregularidades, que no han sido más que una parcial interpretación de la documentación examinada".

LA COMISION, SIN FACULTADES

Además, recuerda ue la Comisión Mixta "es un órgano que forma parte del poder legislativo, por lo que carece de funciones ejecutivas que le faculten para adoptar algunas de las medidas que públicamente se vienen solicitando por los miembros de la oposición política al equipo de gobierno que lidera el Ayuntamiento que represento".

Por ello, al margen de que esos grupos políticos "sigan cumpliendo la misión que perseguían, (criticar ante la opinión pública de manera exacerbada al G.I.L. y buscar la cabeza de su presidene), (la Comisión Mixta) no podrá adoptar ninguna medida que conculque el principio de legalidad".

A lo máximo que puede llegar la Comisión, asegura Gil, es la remitir su informe a la sección de enjuiciamiento correspondiente para que el ayuntamiento "se pueda defender de las injustas, erróneas e inciertas irregularidades que se le atribuyen, depure las responsabilidades (que no existen) contables que de dicha fiscalización se puedan deducir. Pero no más, por cuanto que si así fuera se excedería de suscompetencias e invadiría las que corresponden a otros estamentos del Estado".

"Un acto más de atosigamiento al que me veo sometido", prosigue Gil, "ha sido la última querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en la que, (según he sabido por la prensa), se me acusa de una sustracción de miles de millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella, habiendo sido presentada en un Juzgado Central de la Audiencia Nacional, persiguiendo intereses bastardos".

En su opinión, el hecho de que el juez ncargado se haya declarado incompetente para conocer de ese asunto acredita "a las claras" que la Fiscalía Anticorrupción, "que depende de la Fiscalía General y es un órgano en definitiva más del Estado", perseguía medidas "anormales". "Con dicha resolución se vuelven a vestir de gloria", remacha.