Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a Servimedia que, los secretarios judiciales dependen de este departamento, mientras el resto de los funcionario de justicia dependen laboralmente de la Junta de Andalucía.

No obstante, reconocieron que las posibles sanciones administrativas que se aplican a funcionarios de justicia están regidas por un "sistema complejo" que implica tanto al Ministerio de Justicia como al Tribunal Superior de Justicia y a la Junta de Andalucía, que es la que decide el expediente sancionador y la sanción.

Con arreglo a este sistema la sanción previamente decidida por la Junta de Andalucía será aplicada por el juez o el fisal jefe si +se trata de advertencias. La reprensión privada, la multa o suspensión, la decide la Sala de Gobierno; el traslado forzoso, lo adopta el Ministerio de Justicia y la separación definitiva, el Consejo de Ministros.

Estas fuentes informaron de que en el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la administración de justicia se establece que hay competencias compartidas entre Justicia y la comunidad autónoma que tenga transferidas las facultades para nstruir expedientes sancionadores.

Justicia reconoció a esta agencia que el citado reglamento presenta "lagunas interpretativas" aunque aseguró que "lo que no se produce nunca son vacíos porque si no lo hace la Comunidad lo hace el ministerio". Insistió en que "el trabajo queda hecho, las sanciones se ejecutan y cada vez que haya conductas anómalas se persiguen y se castigan".

Desde el ministerio se reconoce a este respecto que "es verdad que hay comunidades que asumen más las competencias discipinarias que emanan del Reglamento y otras que las aceptan menos".

En el caso de Marbella, si hay derivaciones de competencias el CGPJ tiene que enviar el informe tanto a la Junta de Andalucía como al ministerio de Justicia. Normalmente, cuando el ministerio recibe un informe del que se deduce que se ha podido producir una irregularidad en un juzgado por parte de un funcionario que no sea secretario judicial, "habitualmente se le envía a la comunidad autónoma que, en algunos casos tramita el expedientey en otros nos lo devuelve" .

Añadió que en el caso de Marbella probablemente se ha vulnerado el artículo del Código Penal que se refiere a la sustracción de documentos públicos y si hubiera responsabilidad penal y se abriera una causa contra una persona, no se la podría sancionar "en tanto no hubiera una resolución judicial firme o un sobreseimiento de la causa".

JUNTA DE ANDALUCIA

Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía aseguraron a Servimedia que la transfrencia de competecias en materia de Justicia a la Junta es "un poco sui generis" porque "aunque somos los que gestionamos el personal, hay cosas que no podemos hacer", tal y como se reconoce en la Ley orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia.

Estas fuentes insistieron en que "no somos competentes ni para iniciar, ni para resolver, ni para instruir este procedimiento disciplinario". En este sentido, afirmó que el órgano competente para hcerlo es "en primer lugar, el titular del órgano (Ministerio de Justicia) en el que estén esas personas o la Fiscalía".

Aclararon que la Junta de Andalucía tiene competencias "sobre la seguridad externa del edificio, la dotación de medios materiales, entre los que se encuentran los informáticos, pero sobre la iniciación de expedientes disciplinarios nosotros sólo somos competentes si se trata de faltas leves, y este no es el caso", apostillaron.

Aseguraron que la Junta de Andalucía no tiene compeencias para iniciar una investigación sobre estos funcionarios supuestamente relacionados con el hurto de documentos en los juzgados de Marbella y puntualizaron que "lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la Fiscalía de Málaga la situación" porque "si fueran funcionarios nuestros estarían ya más que abiertos los expedientes informativos".