GIL. EL JUEZ DA POR CONCLUIDA LA INVESTIGACION CONTRA GIL Y COMIENZA LOS TRAMITES PARA EL JUICIO ORAL

MADRID
SERVIMEDIA

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha dado por concluida la investigación abierta contra el presidente del Atlético de Madrid, Jess Gil y Gil, y otras diez personas más por su gestión al frente da la entidad deportiva, según una resolución hecha pública hoy.

En su escrito, el juez argumenta que hay indicios de que Jesús Gil y Gil, su hijo Miguel Angel Gil Marín y el vicepresidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, supuestamente participaron en la comisión de los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delitos societarios y otorgamiento de contratos simulados,

El instructor de este casoha dado un plazo de un mes al fiscal encargado del caso, Carlos Castresana, y a las acusaciones para que formulen sus conclusiones o, de manera excepcional, soliciten la práctica de aquella diligencia que consideren "indispensable" para formular sus escritos de acusación.

Además, el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas contra el resto de los imputados en esta causa. Se trata de la mujer de Jesús Gil, María de los Ángeles Marín; su hijo Jesús Gil Marín; el ex abogdo del también alcalde de Marbella, José Luis Sierra Sánchez; el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román Zurdo; el auditor de cuentas del Atlético de Madrid Pablo de Castro; el contable Luis Gonzalo Pérez; el gerente del club rojiblanco Clemente Villaverde, y Francisco Alarcón, empleado del Club Financiero Inmobiliario.

El juez da por concluida la investigación de este caso, excepto la parte relativa al destino de 11.000 millones de pesetas transferidos desde las arcas del Club Atlético de Madrd S.A.D. a cuentas de sociedades domiciliadas en Holanda. Para el fiscal, este desvío de dinero podría ser constitutivo de apropiación indebida, administración desleal y falsedad en la contabilidad.

La decisión de continuar con esta parte de la investigación se debe a que las autoridades holandesas no han remitido aún al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la documentación solicitada para aclarar los hechos.

APROPIACION INDEBIDA

Siguiendo la tesis mantenida por el fscal del caso, el juez señala en su escrito que hay indicios de que Jesús Gil y Gil, al poco tiempo de haberse hecho cargo de la Presidencia del Atlético de Madrid, en junio de 1987, se comprometió con el Consejo Superior de Deportes a no incrementar el endeudamiento ya existente del club rojiblanco.

En los años sucesivos, Gil anticipó algunas cantidades para la adquisición de derechos federativos de jugadores de fútbol de la plantilla del primer equipo, cantidades que le fueron devueltas en su integrdad con ingresos propios del club, dice el magistrado en su escrito. De este modo, en 1992, cuando el Atlético de Madrid se transformó en Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.), la entidad ya no debía cantidad alguna a su presidente.

Siempre según el escrito del responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Jesús Gil ideó con el vicepresidente del club, Enrique Cerezo, "hacer suyo el patrimonio de la entidad deportiva sin pagar por él cantidad alguna".

Así, elaborron dos escrituras públicas, una en enero de 1989 y otra en julio de 1990, por las que el club, representado por Cerezo, reconocía a su presidente una deuda por 1.986.945.700 pesetas y se constituía un derecho de prenda a favor de Gil sobre los derechos de adquisición y traspaso de trece jugadores del equipo, poder que luego se extendió sobre los treinta deportistas que componían la plantilla.

El día de la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, el 30 de junio de 1992, Gil y Cerezo se hcieron con el 94,5% del capital social, valorado en 1.950.255.200 pesetas, "sin desembolsar cantidad alguna por las acciones, compensando contablemente el ingreso en metálico a favor del Atlético de Madrid, que debió haberse producido y no tuvo lugar, con el reintegro de los derechos sobre los jugadores".

Según el juez, 3.174 socios del Atlético de Madrid suscribieron y desembolsaron 112.216.000 pesetas, que representaban el 5,5% del capital social del club. En su escrito, el instructor sostiene que Gl se apoderó también de ese dinero.

Además, relata el magistrado,"a cambio de una contraprestación total de 2.498.222.772 pesetas" a desembolsar en doce años, el club fue exonerado de pagos por un total de 3.287.135.226 pesetas a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, al Consejo Superior de Deportes y al Banco Hipotecario de España.

El juez sostiene que esos 3.287.135.226 pesetas, sus intereses, más una deuda privada que el Atlético de Madrid tenía por valor de 203.912.352 pesetas, fueron asmidos por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, "de la que Jesús Gil y Gil ha sido su vicepresidente".

Además, recuerda que el club rojiblanco recibió 1.351.172.795 pesetas procedentes de la recaudación de las quinielas para la remodelación del estadio Vicente Calderón.

PARTIDA FICTICIA

Para ocultar la falta de desembolso del capital social, Jesús Gil y Enrique Cerezo decidieron crear en 1991 una partida contable ficticia, de cuya inclusión en los libros del Atlético de Madrid durante los siee años siguientes (hasta su "desaparición" en 1998) se encargó el hijo del también alcalde de Marbella, Miguel Angel Gil, quien "era conocedor de la mendacidad" de tal operación.

En su escrito, el juez afirma que durante la administración del club deportivo, que Jesús Gil y Gil ostentó entre junio de 1992 y diciembre de 1997, el también alcalde de Marbella fue tomando cantidades pertenecientes al Atlético de Madrid S.A.D. hasta llegar a adeudar a la entidad deportiva, al final de dicho periodo, no mens de 2.700 millones de pesetas.

Para saldar la deuda, él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de cuatro supuestos jugadores profesionales de fútbol que valoraron en 2.740 millones de pesetas, cuando su "valor de mercado era inexistente".

Otras de las operaciones que, según el juez, realizó Gil, junto con su hijo Miguel Angel, consistió en cargar a las arcas del Atlético de Madrid"cuantiosos gastos personales" por valor de más de 130 millones de pesetas, dinero que se destinó a pagar obras de construcción, reforma o mejora de inmuebles, prestación de servicios y "otros conceptos ajenos a normalizada actividad y objeto social de la entidad deportiva".

Además, el magistrado cree que, entre julio y octubre de 1999, Jesús Gil y su hijo Miguel Angel hicieron suyos 496 millones de pesetas del patrimonio del Atlético de Madrid. De esa suma, "428.954.000 pesetas correspondían a los inresos de ventanilla por los abonos de la temporada 1999-2000 y el resto a otros ingresos en efectivo del club", explica.

Para el juez, "cabría calificar" los hechos descritos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delitos societarios y otorgamiento de contratos simulados, en los que supuestamente participaron Jesús Gil y Gil, su hijo Miguel Angel Gil y Enrique Cerezo.

LO QUE QUEDA

En función de las conclusiones del fiscal y de las acusaciones, que deberán ser presentadas en u plazo máximo de un mes, el juez deberá decidir si dicta auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral. En este último caso, emplazará a abogados los imputados, Jesús Gil, Miguel Angel Gil Marín y Enrique Cerezo, para que formulen los argumentos que consideren oportunos para su defensa.

Tras recibir todos los argumentos en favor y en contra, el juez deberá remitir toda la documentación del caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que decida, a la vista de los escritos presentadospor las acusaciones y por las defensas, si se celebra finalmente el juicio oral contra los tres mencionados imputados o no.

EL COMIENZO

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Cstellón, decidió admitir a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó tres días antes contra Jesús Gil y otras seis personas más por un presunto fraude que Castresana cifró entonces en 9.427 millons de pesetas.

(SERVIMEDIA)
10 Abr 2001
VBR