En su defecto, Gestha solicita en una nota de prensa que estas "obligaciones reconocidas pendientes de pago" tengan la consideración de "aval suficiente" para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda, eximiendo a ambas partes del pago de los intereses de demora previstos por ley.

Gestha destaca que estas figuras de "compensación" y "garantía" permitirían inyectar liquidez a las empresas, aliviando sus dificultades de tesorería, que se han visto agravadas en este último año por las fuertes restricciones crediticias impuestas por las entidades financieras y que están llevando a muchas sociedades, hasta ahora solventes, a echar el cierre por falta de financiación y circulante para pagar a sus empleados.

Según un informe de Intrum Justitia, citado por Gestha, el sector público español tarda más de 145 días en saldar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en Europa y, a pesar de la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos ante el juzgado, por temor a verse relegados en su trato con la Administración.

Para el consejero de Gestha, Javier Sánchez, "no tiene sentido en la situación de crisis actual que las Administraciones Públicas adeuden más de 12.300 millones de euros y Hacienda dé la puntilla final, obligando a las empresas a pagar, previamente y bajo amenaza de embargo, más de 5.600 millones por el IVA y el Impuesto de Sociedades por las facturas de unos servicios y beneficios que aún no han cobrado".

De los más de 12.300 millones de deuda de las administraciones públicas, Andalucía es la comunidad con mayor deuda, con 2.242 millones, seguida por Cataluña, con 2.063. En el otro extremo, Cantabria debe 211 y Baleares 232 millones.