La lista presentada por CiU esta tarde en el Registro del Congreso contiene 25 nombres en el orden en el que, a juicio de la coalición, deberían celebrarse las comparecencias.

Los primeros son los de Camacho, "con carácter prioritario", Pilar Giménez Reyna, y otros tres cargos de la agencia de valores: el apoderado, José aría Ruiz de la Serna; el consejero, Francisco Javier Sierra Flor; y el ex presidente del holding, Jaime García Morey.

De la ONCE, los nacionalistas catalanes piden la comparecencia de José Manuel Pichel, ex director general de la Fundación ONCE, y de Rafael de Lorenzo, ex vicepresidente.

A continuación, CiU quiere que declaren la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, seguida de dos ex presidentes, Juan Fernández-Armesto y Luis Carlos Croissier, y el exvicepresidente Luis Ramallo.

La lista sigue con Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda; Jesús Ybarra, jefe de inspección del organismo regulador en 1995; David Vives, ex director general de Supervisión de la CNMV; Jesús María Zabalza, director jefe de la zona de Madrid de la Caixa; el representante legal en España del HSBC y el presidente de Deloitte and Touche.

Las siguientes comparecencias propuestas por CiU son las de Antonio Botella, director general de Supervisión de la CMV; Juan Carlos Basallote, director general de Entidades del Mercado de Valores de la CNMV,; José Luis Combarros, presidente de ICAC; Antonio Alonso Ureba, secretario del Consejo de la CNMV; Gloria Hernández, directora general del Tesoro; e Ignacio Ruiz-Jarabo, director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Las comparecencias que CiU propone para el final son las del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrgo Rato.

En cuanto a la documentación, CiU pide la normativa completa de la regulación del mercado de valores en España, de los mecanismos de control y supervisión en otros países de la Unión Europea, y el expediente completo de la agencia de valores.

Además, solicita el informe especial de análisis de la situación de los recursos propios consolidados del Grupo Gescartera a 30 de septiembre de 2000, la totalidad de los expedientes sancionadores, y las conclusiones de la auditoría interna realizad por la Agencia Tributaria sobre la actuación de Enrique Giménez-Reyna en relación con este caso.

Todas estas peticiones deben ser ordenadas y calificadas, es decir, admitidas o rechazadas, por la propia comisión de investigación.