La conclusión del estudio de la Comisión establece que el proyecto de TOTAL cumple la legalidad urbanística, industrial, ambiental y de protección civil, aunque incluye algunas de las alegaciones que realizaron las asociciones de vecinos del barrio Marítimo, que se oponen a la construcción del almacén.

El informe de la Comisión obliga a la empresa francesa a instalarse a más de dos kilómetros del núcleo urbano más cercano y le impone unos condicionantes referidos especialmente a la protección del medioambiente y a la seguridad de los vecinos.

A partir de este estudio, la decisión final está en manos del Ayuntamiento de Valencia, que decidirá, en un plazo máximo de diez días, si concede la licencia a la empresa ptrolífera. El consistorio valenciano ya dió el visto bueno provisional en marzo, y ahora tendrá que ratificar su decisión.