Según informó hoy la Generalitat catalana, informes de la ONU, Consejo de Europa y la Organización Internacional de las Migraciones, así como de la UE, constatan que en los últimos años se ha registrado un gran crecimiento del número de personas que se dedican a la prostitución y, muy especialmente, un aumento de esta actividad en condiciones de explotación.

Asimismo, se ha constatado un crecimieto de la demanda de regulación del ejercicio de la prostitución, que garantice la libre prestación del trabajo sexual por parte de personas adultas, para permitirles actuar fuera del control de las mafias y los explotadores. Algunos Estados de la UE han aprobado o están elaborando normas encaminadas a regular el ejercicio de la prostitución.

La Generalitat catalana está realizando diferentes actuaciones en este ámbito, sobre todo, en relación a la asistencia y la prevención sanitaria, y a la formacióny la inserción sociolaboral de las personas que se dedican a este oficio.

La iniciativa aprobada hoy pretende que el Ejecutivo central elabore un proyecto de ley de modificación del Código Penal, a fin de endurecer las penas de los delitos relacionados con la prostitución, extraditar a las personas que cometan este tipo de delitos, tipificar el delito de turismo sexual de menores y considerar irrelevante el consentimiento de las víctimas de explotación sexual.

Además, el Ejecutivo catalán proponeal Gobierno central que regule la prostitución para garantizar su ejercicio, ya sea en régimen autónomo o asalariado, y que se reconozca la prostitución como una actividad que genera efectos económicos, con los consiguidentes derechos y coberturas sanitarias y sociales que comporta este reconocimiento (inclusión a la Seguridad Social, con asistencia médica y sanitaria, y pensión de jubilación).

Finalmente, el Gobierno catalán solicita al central un proyecto de ley de adaptación de las normas procesale vigentes, a fin de que la identidad y la intimidad de las víctimas de los delitos relacionados con la prostitución y la corrupción de menores esté protegida y que también regule la protección tanto de éstos como de los testigos y familiares.